Faro de Vigo

El ´tax lease´ exige un último y definitivo impulso político

El gravísimo problema del 'tax lease' exige un último impulso político para que, definitivamente, deje de ser la amenaza que aún hoy, y pese a los cambios de los últimos días, sigue siendo para todo el sector naval español, cuyo pilar fundamental son los astilleros gallegos.
El marco en el que se dilucida el problema se ha modificado, y lo ha hecho para mejor, pero el resultado es aún manifiestamente insuficiente. El criterio de la Comisión de la Competencia que dirige Joaquín Almunia ha virado desde el "tiene que devolverse todo y entre todos" al "solo tienen que hacerlo algunos y en parte".
Y así, ahora estarían excluidos de la obligación de devolver las exenciones generadas no solo los astilleros, como se anunció inicialmente, sino también los armadores, recayendo el grueso del problema sobre las llamadas Agrupaciones de Interés Económico (AIE), es decir, los inversores. Estaríamos hablando de un 20% de los en torno a 3.000 millones calculados, o quizá menos.
El sólido argumentario jurídico esgrimido por el sector -el principio de confianza legítima, proporcionalidad, buena fe o seguridad jurídica-, el recordatorio de los antecedentes -la UE ilegalizó el 'tax lease' en Francia pero no le impuso sanciones económicas- y la advertencia sobre las insoportables consecuencias económicas no han caído en saco roto. Esta batería de poderosas razones es la que ha obligado a Almunia a modificar parcialmente su posición.
Pero el problema, aunque evidentemente amortiguado, sigue siendo en esencia el mismo: que la resolución, de mantenerse en estos términos, dibuja un escenario futuro de enorme litigiosidad y de considerable endurecimiento de las condiciones de financiación, o sea, de gran inestabilidad en dos cuestiones claves del negocio y, consecuentemente, de mayor dificultad para contratar la construcción de barcos. Podríamos estar ante el golpe de gracia para el naval español.
Es difícil de entender que no se hayan tenido en cuenta muchos otros muchos argumentos, cuyo rechazo provoca cuando menos sorpresa. ¿Cómo explicar que unos beneficios fiscales legales en España no lo sean en Bruselas? ¿Por qué la UE se siente libre de aplicar un plazo de retroactividad mayor que el existente en España? ¿Por qué el sector tiene que padecer en sus carnes las consecuencias de la desarmonización fiscal existente en la UE? ¿Si actuaron de acuerdo a la legislación española y con el visto bueno de sus autoridades, por qué deben ser los responsables de este desaguisado?
Ahí están, si no todas, sí buena parte de las premisas sobre las cuales España debe dar la última batalla, una batalla que Almunia desvió el pasado jueves hacia ámbitos superiores con la intransigencia mostrada ante una delegación española sin precedentes. Porque nunca antes un representante del Estado había acudido a negociar arropado por los presidentes de tres comunidades autónomas, los líderes sindicales de las centrales mayoritarias y los responsables del sector.
Por una vez, y ojalá se repita, las posturas particulares han quedado orilladas ante un interés común que afecta a casi 90.000 trabajadores. Sin duda todo un aldabonazo de aire fresco en esa elefantiásica maquinaria sobre la cual deambula la mayor parte del tiempo la euroburocracia que gobierna nuestras vidas.
Hay margen, aunque cada vez más escaso, para dar un último empujón político en la dirección correcta. El sector y todos cuantos han participado de una u otra forma en el conflicto señalan directamente al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y al de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, como los únicos que a estas alturas pueden librar los obstáculos pendientes.
El sector así lo exige. Y el sentido común y el de la responsabilidad y la coherencia políticas también. Porque, si aún hiciesen falta más argumentos, deberían reparar en el sinsentido que supone que la Unión Europea -con Alemania y Francia a la cabeza- estén diseñando planes específicos para la creación de empleo en España al tiempo que liquidan un sector que sustenta miles de ellos. Y que tal despropósito se cimente, además, sobre unos pilares legales tan confusos como volubles. Porque alguien debería explicar, por ejemplo, si la exclusión a última hora de los armadores guarda relación con el hecho de que la mayoría de ellos sean europeos, es decir, de terceros países a los cuales se les estaría provocando un grave quebranto.
Es cierto, como no nos cansaremos de repetir, que el 'tax lease' no es el único problema que tiene el sector naval español, desgraciadamente. Y que, cuanto éste se resuelva, aflorarán otros estructurales muy relevantes. Pero también lo es que sin solventar éste de manera rápida y completa no hay nada que hacer.
Así pues, juéguese con firmeza y convicción este último asalto. Tiene fijados el día y el lugar, que serán el próximo 17 en el Colegio de Comisarios. Pero no el resultado. Al menos no del todo. Aún hay tiempo para evitar lo peor.