Faro de Vigo

Almunia asegura ahora que hay ´margen´ para cambiar la resolución del ´tax lease´

El comisario condiciona un cambio de postura a que se presenten nuevos argumentos jurídicos - La reunión con Industria, Pymar y las comunidades será el próximo jueves

El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, moderó ayer su postura respecto a la resolución del antiguo tax lease al reconocer por primera vez desde que se filtró el borrador que hay "margen" para reconsiderar su propuesta. Almunia reconoció que "hasta el día en que la Comisión toma las decisiones, las decisiones no están tomadas", aunque matizó que para que haya un cambio de parecer es necesario que España aporte "nuevos argumentos jurídicos". El comisario citó al ministro de Industria, a los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco, a Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) y a los sindicatos a una reunión en Bruselas el próximo jueves para tratar este tema, apenas seis días antes de que el colegio de comisarios de la Comisión Europea (CE) emita su veredicto.

Los astilleros se han tomado las declaraciones de Almunia con cautela, sobre todo después de que el comisario afirmase en varias ocasiones que cambiar la resolución "no era una cuestión de esfuerzo" sino de legalidad. Ayer, en rueda de prensa, el también vicepresidente de la CE abrió la puerta a modificar su propuesta del tax lease si las autoridades españolas aportan nuevos argumentos jurídicos. "No vale la pena tener una reunión que no esté preparada porque sería repetir unos y otros argumentos que conocemos prácticamente de memoria", advirtió. "Hay que intentar en los próximos días volver a analizar el caso, ver si hay nuevos argumentos, discutir los nuevos argumentos que pueda haber", añadió.

Desde el sector naval se insistía ayer en que hay razones jurídicas "más que suficientes" para que la Comisión no exija la devolución de las bonificaciones fiscales al naval entre 2005 y 2011, como recoge el borrador de Almunia, lo que obligaría a reembolsar más de 2.800 millones de euros, condenando a 19 astilleros privados con más de 87.000 trabajadores. La patronal gallega del metal, Asime, valoró las declaraciones del comisario socialista, al que instó a "dejar todo su empeño en analizar de nuevo, si fuese preciso, los argumentos esgrimidos durante estos meses e incluso clarificar posibles interpretaciones de estos argumentos, contundentes desde un punto de vista jurídico". "Es mucho lo que se juega España y Galicia con esta resolución y pedimos al comisario que sea lo más comprensible posible con la situación de debacle a la que estamos siendo abocados injustamente", afirmó Enrique Mallón, secretario general de Asime.

El presidente de Aclunaga, Fernando Alcalde, señaló que "por argumentos jurídicos no va a quedar". "Estamos dispuestos a ampliar la documentación que haga falta", indicó. En estos dos años de suspensión del tax lease, la defensa española ha recurrido a prestigiosos bufetes de expertos en derecho comunitario y competencia, tanto españoles como extranjeros.

La delegación que defenderá el tax lease el próximo jueves en Bruselas está formada por el ministro de Industria, José Manuel Soria; los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y País Vasco; responsables de los astilleros de Pymar y los secretarios generales de UGT y CC OO. Dos son los principios jurídicos claves en este proceso: la seguridad jurídica y la confianza legítima. Y el propio Almunia admitió en varias ocasiones que la Comisión debería abstenerse de exigir la devolución de las ayudas si con esto se vulneran estos principios, fundamentales en la historia de la UE.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó ayer que "daremos nuevos argumentos jurídicos". "En eso están trabajando los servicios jurídicos tanto de las comunidades autónomas más afectadas como del Ministerio de Industria", anunció.

Movilizaciones

Quienes no se fían del cambio de discurso del comisario de Competencia son los sindicatos, que esta mañana tienen convocadas movilizaciones en todas las ciudades españolas con industria naval. "Almunia tiene una opinión muy voluble, puede cambiar en cuestión de horas", indicó Ramón Sarmiento, de CC OO. Desde la CIG, César Rodríguez admitió que el "margen de Almunia" puede entrar en una "maniobra política", mientras que Diego Atanes, de UGT, matizó que las declaraciones de Almunia "lo mismo sirven para cambiar su posición, que para obligar a devolver las ayudas y decir que ya lo había advertido"
 

La modificación de un borrador, solo en casos ´excepcionales´

 Modificar el borrador de Almunia sobre el tax lease no será sencillo. Fuentes conocedoras de las negociaciones con Bruselas señalaron ayer a FARO que solo en "casos excepcionales" una propuesta de resolución elaborada por un comisario se cambia una vez ya ha sido convocada la reunión del colegio de comisarios (en este caso, el próximo 17 de mayo).
En este proceso es clave la reunión previa de los jefes de gabinete de los comisarios, un encuentro preparatorio en el que se discuten las propuestas y se enfocan de cara a su aprobación en el colegio de comisarios. La intención de la defensa española es que la reunión con Almunia se celebre antes de la citada reunión.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), urgió ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que negocie ya con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, sobre la resolución del expediente del tax-lease, y le exigió mayor "contundencia" en defensa del naval. Caballero recalcó que Rajoy tiene que "coger un avión e ir a ver" a Barroso sin esperar a que Almunia se reúna con la delegación española.
El conselleiro de Economía, Francisco Conde, recordó por su parte que "hay seguridad jurídica suficiente que permitiría la no devolución de las ayudas igual que, en su día, se hizo con Francia".

 Competencia avaló en una carta en 2009 que el sistema ´no era discriminatorio´

El sector esgrime que Bruselas no puede exigir el reembolso desde 2005 cuando cuatro años después aludía a su legalidad en documento público

Gobierno y sector naval consideran que no tiene sentido que el borrador de resolución del tax lease obligue a la devolución de las bonificaciones fiscales obtenidas entre 2005 y 2009 cuando la propia Comisión Europea, en un documento fechado en marzo de 2009, asumía que el sistema de arrendamiento financiero español "no era discriminatorio" y, por tanto, plenamente legal. Éste es uno de los principales argumentos esgrimidos por la defensa española del tax lease, que incide en que este escrito, una carta firmada por la anterior comisaria europea de Competencia (hoy vicepresidenta de la CE, al igual que Joaquín Almunia), Neelie Kroes, aporta seguridad jurídica.

En el documento, al que ha tenido acceso FARO, Kroes responde a la entonces ministra noruega de Industria, Sylvia Brustad, quien había expresado sus sospechas sobre supuestas distorsiones de competencia que podría generar el tax lease español. La responsable de Competencia le responde que "sus servicios" ya habían investigado el régimen y que éste no era exclusivo para la compra de buques producidos en territorio español, sino también en otros países de la Unión Europea (UE). Kroes relata que el Estado español garantizó esta realidad a través de una respuesta de la administración tributaria, y concluyó: "Sobre la base de esta información, ya que no hay evidencia de un trato discriminatorio por parte de las autoridades españolas sobre la base de la nacionalidad de los astilleros, ninguna otra acción es considerada en esta etapa en este sentido".

Los astilleros y el Ministerio de Industria coinciden en que esta carta, fechada el 4 de marzo de 2009, aportó seguridad jurídica, por lo que no había razón para considerar el tax lease una ayuda de estado ilegal. En este sentido, desde el sector consideran que la propuesta de resolución del comisario Almunia, que obliga a devolver las ayudas entre 2005 y 2011 (más de 2.800 millones de euros), es "jurídicamente incorrecta" y, en caso de que fuese aprobada y posteriormente recurrida ante la Corte de Justicia de la UE, ésta daría la razón a los astilleros, aunque para entonces, la mayoría de las empresas estarían en la bancarrota.

"No hay evidencia de trato discriminatorio"

"Sobre la base de esta información, ya que no hay evidencia de un trato discriminatorio por las autoridades españolas sobre la base de la nacionalidad de los astilleros, ninguna otra acción es considerada en esta etapa al respecto". Así cerraba la anterior comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, las pesquisas sobre el anterior tax lease en 2009 a raíz de un requerimiento del Gobierno de Noruega.