Faro de Vigo

Por un pacto de Estado que salve al naval español

El sector naval español, y con él el gallego, su pilar fundamental, se juega su ser o no ser en apenas dos semanas. El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, confirmó el pasado jueves en Madrid que su departamento ha decidido declarar ilegales las bonificaciones fiscales de todos los buques construidos en España desde 2005 bajo la modalidad del sistema conocido como tax lease. Se trata, exactamente, de contratos correspondientes a 273 barcos.

Si la decisión es finalmente ratificada por el Colegio de Comisarios, que se reunirá el próximo 17 de julio, el naval está convencido de que se habrá firmado la sentencia de muerte de un sector del que viven 89.000 familias en España y que en Galicia conforma uno de sus principales ejes industriales. La elevadísima magnitud de las cantidades a devolver y, lo que es casi peor, la enorme inseguridad jurídica en que quedaría inmerso son vistos como dos obstáculos insalvables para encarar el futuro.

La reacción ante el anuncio ha sido un inmenso clamor de indignación. Y el encargado de lanzarlo fue el presidente de la patronal del sector, la asociación de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), Álvaro Platero, quien no titubeó ni un instante a la hora de increpar públicamente al propio Almunia inmediatamente después de que éste anunciase, en el transcurso de un desayuno informativo, cuál era la decisión final de su departamento.

Una indignación que va acompañada de incredulidad, bochorno y rabia. Porque nadie puede entender cómo es posible que un problema que estalló hace ya casi tres años haya podido dejarse pudrir hasta llegar a amenazar la supervivencia de todo un sector estratégico. De hecho, y pese a conocerse su extremada gravedad, la crisis del tax lease ha vivido épocas de inconcebible hibernación, por llamarlas de alguna manera. La última, por ejemplo, la rompió FARO el pasado lunes cuando desveló los planes de la Comisión luego confirmados.

Las invectivas de todo tipo y condición van lanzadas, fundamentalmente y sin ambages, contra Almunia. Incluso las de sus propios compañeros de partido, pues los socialistas gallegos le han conminado públicamente a que modifique su decisión o dimita de su cargo. Y son invectivas que abarcan tanto a los aspectos técnicos de la resolución como a los personales, que relacionan con un carácter supuestamente altivo y distante.

Almunia se escuda en que la resolución no afecta a los astilleros ni a los bancos que financiaron la construcción de los barcos, sino a los armadores, las navieras y a las agrupaciones de interés económico (AIE) que intervinieron en las operaciones. Y en que serían estos últimos quienes tendrían que devolver el dinero llegado el caso. Ésa es su línea argumental fundamental, junto con el hecho de que corresponde al Gobierno español precisar tanto la cuantía como los agentes concretos afectados, según expone en una entrevista que publica FARO en este mismo número. De hecho considera que la responsabilidad de lo ocurrido es del Gobierno español.

Los astilleros niegan que puedan quedar al margen de las devoluciones porque tienen firmados compromisos contractuales al respecto. Y no pueden entender, por ejemplo, que se les aplique una retroactividad que no se exigió a Francia, país que se vio afectado por una denuncia similar a la presentada contra España. Y de hecho Almunia aconsejaba al principio seguir los pasos dados por el país vecino. Como tampoco entienden que se ignore su apelación, la del sector, a la confianza legítima, y en su lugar se prime el criterio de la no notificación del sistema a Bruselas a raíz del procedimiento abierto a los franceses.

Cuestiones jurídicas al margen, y a falta de precisar las cantidades a devolver, pues aunque el monto total es de 2.800 millones hay muchos aspectos a considerar, lo que no admite discusión posible es que la medida destruye el más elemental principio de confianza entre astilleros, armadores y entidades financieras sobre el cual se sustenta el sector. Por no hablar de los innumerables y cuantiosos procesos judiciales que se abrirán, lógicamente. En una palabra, que difícilmente va a querer nadie contratar barcos a los astilleros españoles en medio de tales complicaciones. Y de ahí su temor a desaparecer, de ahí su indignación. Porque, ¿qué otra cosa podían haber hecho los astilleros españoles para evitar tan brutal castigo si actuaban, como así lo hicieron, ateniéndose a la legislación española?

Para mañana está prevista en Madrid una reunión del ministro de Industria, José Manuel Soria, con representantes de las tres comunidades que conforman el grueso del sector (Galicia, Asturias y País Vasco, que representan el 92%, aproximadamente), de los sindicatos y de Pymar. El encuentro debe ser el inicio de una actuación política unitaria y firme que permita plantar cara en Bruselas con una postura común, de Estado. Ésa es la única carta que queda por jugar antes de que el próximo 17 de julio se adopte una decisión definitiva de consecuencias irreparables. Y ya es hora de que la clase política, toda la clase política y sin distinción de siglas, esté por una vez a la altura de las circunstancias. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tan bien conoce la realidad del naval gallego, ha mostrado su esperanza de que finalmente Bruselas adopte una decisión razonables. Esperemos que así sea.

Hemos escrito en este mismo espacio editorial, y repetimos ahora, que el dichoso tax lease no es el único problema del naval español, desgraciadamente. Que hay astilleros quebrados por mala gestión, de la misma manera que los hay abocados a desaparecer por incapacidad para modernizarse. Los hay incluso que parecen haberse especializado más en salir a flote, nunca mejor dicho, de los concursos de acreedores que en construir barcos. Pero también los hay eficientes y competitivos. Como hay, o al menos había, una red de empresas auxiliares de enorme valor. Empresas, por cierto, que constituyen el verdadero corazón del sector, su alma y esencia. Y ni ellos ni España ni Galicia se pueden permitir perder tanto potencial generador de riqueza por la incapacidad de defender en Bruselas o donde haga falta intereses legítimos y justos.