Faro de Vigo

Galicia, Asturias y País Vasco defenderán ante Almunia y Barroso la legalidad del ´tax lease´

Los presidentes de las tres comunidades, Industria y Pymar se reunirán ya mañana con el comisario de Competencia para que dé marcha atrás y no exija devolver las ayudas

 La defensa del naval ha unido al Ministerio de Industria, a los gobiernos de Galicia, Asturias y País Vasco y a los astilleros (Pymar) en un frente común para lograr que Bruselas no exija la devolución de las ayudas del antiguo tax lease (el sistema de arrendamiento financiero suspendido en 2011 por la Comisión Europea), supuesto que se llevaría por delante a la mayoría de los 19 constructores navales españoles y con ellos, a más de 87.000 empleos. Administraciones y sector acordaron ayer solicitar reuniones urgentes con el comisario de la Competencia y vicepresidente de la CE, Joaquín Almunia, quien defiende la necesidad de reembolsar las ayudas (más de 2.800 millones de euros), y con el presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, para que cambien la resolución del tax lease antes de que el próximo 17 de julio se someta a votación definitiva en el colegio de comisarios. Almunia citó a la delegación española para mañana miércoles.

El ministro de Industria insistió en que España tiene sólidos argumentos jurídicos para no devolver las bonificaciones fiscales obtenidas con el anterior sistema, y citó expresamente una carta de la anterior comisaria de la Competencia, Neelie Kroes (Holanda), que en una respuesta a una ministra de industria noruega en marzo de 2009 dejaba constancia de que el tax lease era legal, como avanzó FARO el pasado abril. Soria alertó de que el reembolso de las ayudas tendría un efecto "irreversible e irreparable" en términos de empleo y extendería la inseguridad jurídica del naval a otros sectores.

La declaración conjunta suscrita ayer recoge que la Comisión no puede permitirse "hundir todo un sector industrial de un Estado miembro, cuyas consecuencias multiplicarían la recesión económica y el grave problema del desempleo". En esta línea, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que hoy se reunirá en Vigo con responsables de Aclunaga y Asime, manifestó que el problema del tax lease es económico y no político. "Que quede muy claro que el dinero que se está pidiendo no es de Europa ni de fondos europeos, son bonificaciones fiscales que en todo caso afectan a la Hacienda española", afirmó Feijóo. Éste apuntó que "bastante castigo" ha sido ya la inseguridad jurídica que sufre el sector desde junio de 2011.

El lehendakari vasco, Íñigo Urkullo, afirmó que el planteamiento de Almunia es "inaceptable" y que la Comisión no puede por una parte destinar fondos en defensa del empleo juvenil y por otra hundir a un sector como el naval, del que dependen más de 87.000 puestos de empleo "por muchos recovecos y circunloquios que se quieran dar". También el presidente del Principal de Asturias, Javier Fernández, advirtió de que la devolución de las ayudas llevará al colapso de la mayoría de los astilleros privados españoles.

El presidente de Pymar y de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, calificó la situación del sector de angustiosa y urgió a Almunia igualdad de trato ante un conflicto que no deja de ser una "guerra comercial" con Holanda, país que denunció el tax lease y se ha beneficiado del parón español. "Los astilleros españoles actuaron bajo la más estricta legalidad", sostuvo.

Por su parte, CC OO y UGT solicitan participar en las reuniones de la delegación española en Bruselas. Los responsables de Industria y Metal, Construcción y Afines de las dos centrales se entrevistaron también ayer en Madrid con Soria. "Lo que estamos pidiendo es que haya una sola vez en este tema", afirmó el secretario general de MCA-UGT, Manuel Fernández. "Debemos establecer un bloque común de defensa del sector naval", coincidió Agustín Martín, responsable de Industria de CC OO.

La Xunta se reserva acciones legales si el fallo es contrario

El director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, insistió ayer en la necesidad de que el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, "reconduzca su propuesta" sobre la devolución de ayudas del tax lease y advirtió de que, si esto no ocurre, el Gobierno autonómico "se reserva" la posibilidad de emprender acciones desde el punto de vista "jurídico" y "político".
Gamallo indicó que hay la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien, preguntado por si la Xunta estaría dispuesta a llevar ante el mismo Almunia, matizó que hay que esperar a que se pronuncie el colegio de comisarios y "analizar la situación".
También el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, afirmó que la Xunta "adoptará todas las medidas que sean precisas" para defender el sector naval. "Una vez conocida esta resolución, adoptaremos todas las medidas que sean precisas para defender los intereses de nuestros astilleros, los intereses de nuestro sector", manifestó.

 

Almunia: ´Jurídicamente, no se puede perdonar a España´

El comisario recalca que "ni un solo astillero" tendrá que devolver "un euro" y responde al Gobierno que un cambio en la resolución "no es una cuestión de esfuerzo" sino de "legalidad" comunitaria

 

Por si su posición no había quedado lo suficientemente clara, el comisario europeo de la Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, aseguró ayer en Bruselas que "jurídicamente no se puede perdonar a España" la devolución de las ayudas del antiguo tax lease, afirmación que ha vuelto a incendiar al sector naval, que replicó de inmediato que no busca su perdón "sino justicia, la misma que tuvo Francia". Almunia negó además una diferencia de trato entre España y Francia y recalcó que "ni un solo astillero" tendrá que "devolver un euro", sino que el reembolso del tax lease recaerá sobre inversores y armadores. También contestó al Gobierno que un cambio de resolución "no es cuestión de esfuerzos", como manifestó la semana pasada el presidente Mariano Rajoy, sino de "legalidad".

En su comparecencia, Almunia indicó que desde la aprobación del tax lease en 2002 hasta la mitad de 2005 "no pedimos la devolución de las ayudas porque tampoco se le pidió a Francia por ese periodo". "Estamos dando exactamente el trato que recibió Francia", subrayó. El comisario socialista insistió en que el Gobierno debió haber comunicado la existencia del régimen de ayudas y que "jurídicamente no se puede perdonar" la devolución de las ayudas, que, según cálculos del sector, superan los 2.800 millones. "A mí sorprende escuchar las declaraciones de algunos representantes del sector que dicen: No, no, pero nosotros somos responsables. Y yo insisto: no son ustedes responsables de devolver. Ni un solo euro astillero tiene que devolver un solo euro", razonó.

Almunia también hizo hincapié en que cualquier contrato entre astilleros e inversores o armadores quedará anulado, y replicó a Rajoy que la devolución del tax lease "no es una cuestión de esfuerzos". "La obligación de la Comisión es respetar y hacer respetar el marco legal que rige el control de las ayudas de Estado", afirmó. "Nosotros existimos y estamos aquí para hacer valer el interés general europeo, no dependemos de ningún país, no podemos recibir instrucciones de ningún país", advirtió.

La referencia al "perdón" de Almunia desató las críticas en el sector naval español. Desde Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), su consejera delegada, Almunia López del Pozo, afirmó que el sector naval "no quiere su perdón, sino justicia, la misma que tuvo Francia". También el alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticó con dureza las palabras del comisario socialista: "El naval español y el vigués no están pidiendo perdón sino justicia; lo que sucede es que Joaquín Almunia ya no sabe lo que significa esa palabra". El regidor lo acusó también de "vivir en el engaño".
 

Expertos en derecho marítimo no ven necesario reintegrar las ayudas

 El tax lease, el antiguo sistema de arrendamiento financiero que utilizaban los astilleros y que fue suspendido por Bruselas en 2011, se aplicaba en España con plena cobertura legal, por lo que la devolución de las ayudas no es en absoluto obligatoria. Así lo sostienen varios despachos de abogados expertos en derecho marítimo, entre ellos el bufete San Simón & Duch, que indicó que "ya se está asumiendo que hay decisión de la Comisión Europea cuando no es así".

"Hay que tener en cuenta", explican desde este despacho, "que el tax lease no es un régimen de ayudas que haya dado Europa sino que es un régimen fiscal que se adoptó en España con plena cobertura legal del Gobierno español de entonces". No se trataría de "devolver lo que la UE dio al sector", sino que la normativa fiscal aprobada entonces por el Gobierno "sea declarada contraria a la normativa europea y, por tanto, que la situación deba retrotraerse al momento anterior a la aprobación de la normativa nacional por la que se estableció el régimen el tax lease en España".