Bruselas pide a España que recupere las ayudas ilegales a los astilleros
La Comisión Europea ha pedido este miércoles a
España que recupere las ayudas ilegales
concedidas a los astilleros
mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre
2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que
financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los
propios astilleros.
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de
Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado a
Europa Press fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado
del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último
momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y
responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de
las ayudas desde 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada
limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011,
fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los
astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de
trabajo y condena al sector a desaparecer.
La Comisión no ha desvelado la cifra total de ayudas que deben
reembolsarse. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la
semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000
millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005.
Bruselas dice que corresponde a las autoridades españolas calcular el
importe a devolver.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de
la bonificaciones "no pueden repercutir su obligación de reembolso
sobre terceros (como los propios astilleros), incluso mediante la
aplicación de contratos existentes".
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas
español -que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas-
vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una
"ventaja selectiva" a sus beneficiarios respecto a los rivales.
Atendiendo al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha
decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y
abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente
ilegal un sistema francés similar al español.
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