El ‘tax lease’, un sistema que ha financiado buques 10 años
El ruido de estos días en torno al tax lease, el sistema que
financia la construcción de buques, ha dejado en la sombra el hecho de
que fue una iniciativa de la propia UE para proteger a los astilleros
europeos de los competidores asiáticos, menos escrupulosos con el
sistema de subvenciones y con los derechos laborales. El tax lease
comunitario arrancó a principios de esta década y cada país lo adaptó a
la realidad de sus respectivos sectores. En España se han financiado
272 buques con esta fórmula durante una década (2001-2011).
P Por qué es necesaria una nueva fórmula de financiación para el sector naval?
R Por la citada competencia de Asia, que construye
buques más baratos por su bajo nivel de costes laborales (en base a que
el bienestar social en países como China está muy por detrás de los
estándares europeos). El tax lease es necesario por una obviedad: los
proyectos de construcción naval tienen unos presupuestos muy elevados.
Son muy numerosos los buques que cuestan 200 millones o más. No hay
empresa que, por separado, tenga recursos para afrontar pedidos de esa
cuantía
P ¿Cuántos agentes participan en estas operaciones?
R No solo los astilleros, también los bancos, grupos
empresariales y, por supuesto, los armadores, que son los que se quedan
con el buque para su explotación.
P ¿Cómo se activa el proceso?
R Los técnicos de un armador visitan un astillero y
encargan un buque. La empresa naval busca entonces a sus “estructurados
financieros”, los agentes que van a adelantar el capital para hacer
realidad el proyecto. Aquí entran en escena los bancos, que se encargan
de buscar inversores. Una vez consolidado un equipo, entidades y
corporaciones privadas forman una Agrupación de Interés Económico (AIE),
que es la que en primera instancia contrata el barco, para su posterior
pase al armador, una vez que se han completado los procesos de
ensamblaje y botadura. En España, estos consorcios han estado integrados
por los bancos Santander y Popular y por grupos como Inditex o El Corte
Inglés, entre otros.
P ¿Y dónde están los armadores, que son los que han activado todo con su pedido?
R Ya están implicados por el aval que supone que el
astillero haya conseguido su propia AIE. Los armadores tampoco tienen la
tesorería suficiente para afrontar en solitario un pedido de 200
millones y pagan poco a poco su parte al constructor naval, que ya ha
conseguido la financiación inicial de la agrupación para la contratación
de materias primas, equipos y subcontrataciones a la industria
auxiliar.
P ¿Cómo es ese pago por tramos del armador?
R En porcentajes negociados previamente y por fases
de la construcción del buque. Por ejemplo, un 15% a la firma del pedido,
otro 20% al comienzo de los cortes de chapa en la grada, y otro 20%
cuando llega la puesta de la quilla en el astillero. Así progresivamente
hasta la botadura.
P ¿De dónde proceden los beneficios para los socios de la Agrupación de Interés Económico?
R Son beneficios fiscales. La inversión desgrava
porque supone un impulso a la economía del país, que recauda menos al
principio pero con saldo positivo al final por los tributos que genera
esta industria (IRPF, IVA, IBI), además de cotizaciones a la Seguridad
Social (es un sector muy intensivo en empleo, tanto directo como
indirecto). Los 19 astilleros privados amenazados por la decisión de
Bruselas del próximo día 17 dan trabajo a 87.000 personas. Y su
actividad está focalizada en tres comunidades autónomas (Galicia,
Asturias y País Vasco). Ya ha pasado que en los buques financiados por
tax lease el que más ha ganado ha sido el banco que ha liderado la
agrupación. Más que el astillero, al que ha concedido los préstamos. Y
al resto de los socios de la AIE también les cobra, por buscarles y
seleccionarles para el proyecto, que a ellos les reporta el citado
rendimiento fiscal. Las entidades han sido básicas en el funcionamiento
del tax lease, como se ve.
P ¿Cuándo se entrega el buque al armador y cómo quedan las cuentas?
R Después de la botadura y de las posteriores
pruebas de navegación, se escenifica la entrega del buque, por parte del
astillero y de la AIE. Es cuando se liquida el tax lease. El sistema a
examen el próximo día 17 propiciaba unos ahorros del 25% al 30% para el
armador en el precio del barco. Los socios de la AIE obtenían el citado
ahorro fiscal y el astillero carga de trabajo para varios años. El tax
lease autorizado por Bruselas desde noviembre del año pasado sitúa ahora
esos porcentajes en una banda del 20% al 22%, según el sector.
P ¿Y funciona ese nuevo escenario para la industria naval española?
R No. Pesa la incertidumbre sobre la próxima
resolución de la Unión Europea, a través del Comisario de la
Competencia, Joaquín Almunia, quien sí ha concedido que “queda margen”
para argumentar en contra de la devolución de ayudas por más de 2.000
millones de euros, lo que supondría la desaparición de los astilleros,
como estos han denunciado. Estos días, un armador que es cliente
histórico de una empresa vasca ha declinado su oferta (y quiere encargar
seis buques). La mencionada compañía ha mandado a sus equipos técnicos a
revisar propuestas en Singapur.
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