Faro de Vigo

Almunia empuja al naval a la quiebra al exigir la devolución del viejo ´tax lease´ desde 2005

El comisario insiste en que las ayudas son ilegales y llevará su propuesta al colegio de comisarios el próximo 17 de julio - Los astilleros arremeten contra el responsable de Competencia en público: "Es la muerte del sector"

La peor pesadilla del naval amenaza con hacerse realidad. El comisario europeo de la Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, confirmó ayer en un acto en Madrid que la resolución del tax lease obligará a devolver las ayudas cobradas entre 2005 y 2011, tal y como adelantó FARO el pasado lunes. Almunia, lejos de moderar su discurso, fue contundente al declarar que las ayudas son ilegales y que corresponde al Gobierno cuantificarlas y señalar a quienes deben reintegrarlas. El comisario excluye a los astilleros e intermediarios (bancos, estructuradores y agencias de leasing), centrando el foco en inversores y armadores. Será el 17 de julio cuando el colegio de comisarios decidirá si el naval vive o muere.

El comisario europeo de la Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, aprovechó un desayuno informativo celebrado ayer en Madrid para confirmar la peor de las noticias para el sector naval. Que las ayudas derivadas del sistema de bonificación fiscal que utilizaron los astilleros españoles hasta 2011, conocido como el tax lease, "son incompatibles" y tendrán que devolverse, como adelantó FARO el pasado lunes. Un anuncio descarnado ante la presencia de varios representantes del sector, que conocían desde hace días un borrador con la decisión de Almunia. "Nuestra propuesta radica en que esas ayudas recibidas por un conjunto de agentes", sostuvo el comisario español, "son incompatibles" y, por tanto, "hay obligación de devolución".

El silencio de los asistentes lo interrumpió el presidente de la sociedad de reconversión de pequeños y medianos astilleros (Pymar), Álvaro Platero, que levantó la voz para increpar a Almunia. "Soy Álvaro Platero, presidente de Pymar. Estamos aquí representantes de los astilleros vascos, gallegos... va a acabar con el sector", exclamó. "Va a hacer usted que cierren todos los astilleros, está avanzando la muerte del sector naval". Se disculpó Platero pero no llegó el silencio en el salón principal del Hotel Ritz de Madrid. Entre murmullos, malas caras y negaciones con la cabeza apenas se prestó atención a lo que dijo el comisario posteriormente sobre el PSOE, las pensiones o la recuperación económica.

El comisario hizo el anuncio sin que nadie le preguntara. "Ha sido una decisión muy difícil", expuso en su intervención inicial. "Nosotros apoyamos al sector naviero y naval, pero hay un problema de ayudas de Estado, no sólo en España, desde hace muchos años". En el caso concreto español se da la circunstancia, dijo, que "nunca se notificó". Sin ser preguntado, señaló que en el año 2006 la Comisión se pronunció sobre el sistema de bonificación del país galo y, al hacerlo, despejó cualquier "incerteza jurídica". Dicho de otro modo, Francia no tuvo que devolver las ayudas porque no había precedentes, algo que sí sucede -para Almunia- en el caso español.

"A raíz de esa decisión -por la francesa- recibimos quejas abundantes sobre España". En concreto apuntó que procedieron de siete asociaciones de la industria naval europea y "particulares". "Desde 2005 hacia atrás no es preciso recuperar las ayudas por las incertezas jurídicas, pero a partir de que la Comisión inicia la investigación formal sobre Francia" esa incertidumbre "no existe". Por tanto, todos los contratos que utilizaron el sistema de bonificación fiscal entre 2005 y 2011 contienen cláusulas incompatibles con el derecho europeo.

¿Quién tendrá que pagar? Almunia se esforzó en incidir en que los astilleros y los bancos no tendrán que devolver el dinero, sino que le tocará a los inversores (de las Agrupaciones de Interés Económico), así como las navieras y armadores. Preguntado por las cláusulas privadas en las que los astilleros asumieron la responsabilidad de las ayudas recibidas, Almunia volvió a cortar el aire con una declaración seca: "el derecho europeo es superior a cualquier tipo de contrato privado o civil".

El comisario no quiso concretar a cuánto va a ascender la devolución de las ayudas aunque en el borrador de la decisión de Competencia ya se identifica quiénes deben devolver el dinero y por qué, y desde Pymar se eleva la cuantía hasta los 3.000 millones de euros. De éstos, el 80% correspondería a los armadores, por un 20% que tendrían que pagar los inversores, según cálculos del sector. La decisión solo será recurrible en la Corte Europea de Justicia, que podría tomar medidas cautelares. "Es una resolución absurda, solo beneficia a nuestros competidores", arremetió Platero al término de la comparecencia de Almunia. "Es discriminatorio, si esto afectase a Alemania no pasaría esto", ahondaron los representantes de los astilleros.

"Hay un armador que encargó 23 barcos y ahora negociábamos otros seis. ¿Con qué cara le pedimos que contrate los barcos si tiene que pagar por los otros 23?", espetaba otro representante de los astilleros por los pasillos. "Se acabó, se acabó".