La Voz de Galicia

El naval alerta de que están en peligro más de 86.000 empleos

Joaquín Almunia aduce razones de agenda para no recibir a Pymar

Dos días ha pasado en Bruselas una delegación de la industria naval española bajo el paraguas de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión). En ese tiempo el comisario Joaquín Almunia, que adujo problemas de agenda, no dispuso ni de unos minutos para reunirse con los empresarios. Sí se entrevistaron con representantes políticos de todas las siglas y de distintas instituciones. A todos les trasladaron su preocupación por el hecho de que Bruselas siga retrasando la decisión sobre la retroactividad del antiguo tax lease, esto es, la posible devolución de las ayudas cobradas hasta el 2011, lo que invalida totalmente el nuevo sistema de financiación autorizado el pasado 20 de noviembre. «La decisión puede suponer el fin del sector naval europeo en favor de Corea y China por una mera guerra comercial entre Estados», alerta Pymar.

Almudena López, consejera delegada de la organización, subraya que la situación empieza a ser insostenible y que se están perdiendo contratos cada semana. «No acertamos a entender por qué sigue retrasándose la decisión, a no ser que de verdad se persiga la muerte definitiva del sector». Estima que desde noviembre se han perdido al menos una veintena de contratos, uno de los últimos en un astillero vasco que hubiera garantizado 1,7 millones de horas de trabajo. En Vigo, Vulcano también probó esa amarga medicina hace dos meses, con la pérdida de un sísmico y la posibilidad de un segundo para un armador noruego. Todos coinciden en que sin seguridad jurídica no habrá contratos.

Pymar subraya que la decisión de la Comisión de la Competencia tiene una gran repercusión sobre el tejido económico español. Una resolución negativa de Bruselas sobre la devolución de ayudas implicaría la desaparición de 86.725 empleos tanto directos como indirectos, la mayoría de ellos en Galicia, Asturias y el País Vasco.

Pymar ha hecho los deberes y explica que, con ser una cifra dura, el desastre tendría consecuencias aún peores. Por ejemplo, implicaría un gasto en prestaciones por desempleo de más de 637 millones de euros, una reducción de 129 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y una disminución en la recaudación por IRPF de 306 millones de euros. El IVA y el impuesto de sociedades también sufrirían mermas notables.

La industria naval española basa su defensa jurídica en la existencia de «confianza legítima» y «seguridad jurídica» y ha presentado argumentos y precedentes que lo demuestran. A juicio de Pymar, el conflicto es fruto de una guerra comercial que inició Holanda, curiosamente el único país junto a Noruega que tiene sus astilleros rebosantes de carga de trabajo. Pero añaden que el cruce de denuncias a la Comisión puede terminar abocando al cierre de todo el sector en Europa en favor de China y Corea. «Han empezado a hacerse con contratos que en condiciones normales se hubieran quedado en España o al menos en la UE».