La Voz de Galicia

El juez imputa al presidente de Pescanova y otros tres directivos por falsear sus cuentas

Pablo Ruz admite parcialmente a trámite tres de las cuatro querellas presentadas contra los responsables de la empresa

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a otros tres directivos de la entidad y al grupo alimentario como persona jurídica por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante.

Así consta en un auto en el que el juez Ruz cita a los imputados a declarar para los próximos días 1 y 2 de julio, se declara competente para instruir esta causa y admite parcialmente a trámite tres de las cuatro querellas presentadas contra los responsables de la empresa. Además de Fernández de Sousa-Faro, el magistrado ha imputado al consejero Alfonso Paz-Andrade por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante. Este último delito también lo atribuye a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas.

Ruz asegura que los administradores de Pescanova «valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad» proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones. De hecho, el auto concreta que entre los meses de agosto del 2012 y enero del 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos. Los accionistas que han presentado las querellas admitidas acusan específicamente a la entidad Sabadell BS Bolsa FI de haber procedido a la venta masiva de títulos de la compañía coincidiendo con una subida mientras aconsejaban la compra a sus clientes «por lo que consideran que podrían haber utilizado información reservada».

El juez de la Audiencia Nacional agrega que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros «no reflejaban la imagen fiel» de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. El pasado mes de marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.

En el auto, el juez pide a la Unidad de Delincuencia Económico y Fiscal, la Udef, que elabore un informe sobre eventuales cambios significativos en el patrimonio del presidente de Pescanova y el entorno familiar de Fernández de Sousa en los últimos dos años. El magistrado también soliicta la remisión de las comunicaciones efectuadas a la CNMV y de las actas de dos reuniones mantenidas entre Pescanova y el supervisor.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que acuerda estas diligencias a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también rechaza en su resolución la intervención judicial de Pescanova, al considerar que está siendo sometida a un proceso de administración concursal.