La Opinion de La Coruña

La CNMV pide a la Fiscalía que averigüe si Sousa cometió delito penal al vender títulos

El regulador bursátil envía un informe sobre las ventas de acciones efectuadas por el presidente de Pescanova de las que no informó - Sigue investigando supuestas faltas administrativas achacables a la firma pesquera

La compra o venta de acciones por parte de los socios relevantes de una empresa cotizada sin que se avise al regulador es motivo de sanción por falta administrativa. Lo mismo sucede con el hecho de no presentar las cuentas anuales en plazo o recibir apercibimientos de sanción por no hacer lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puede exigir a una compañía. Pero el uso de información privilegiada para adquirir o vender acciones es un delito y tropieza con la vía penal. Esta es la razón por la que el organismo regulador que preside Elvira Rodríguez ha enviado a la Fiscalía un informe sobre la venta de títulos de los consejeros y, concretamente, la CNMV se centra en los expedientes que se derivan de la falta de comunicación de participaciones de los miembros de este organismo. Esto es, no se investiga a Pescanova, sino a su presidente, Manuel Fernández de Sousa, según explicaron fuentes del entorno de la multinacional.

Rodríguez anunció la medida ayer en un acto ante la prensa, en el que destacó la posibilidad de que la venta masiva de títulos por parte de Sousa sin informar al regulador se pudo haber ejecutado "con información especial" o con "abuso de mercado". "El viernes entró en Fiscalía y eso seguirá ahora su cauce", expuso Rodríguez. En ningún momento se refirió a Sousa, sino a "consejeros" que vendieron títulos.

¿Qué acarrea este anuncio? Fuentes jurídicas explicaron que "la CNMV ha detectado indicios de delito por el uso de información privilegiada". Para que se abra una investigación de estas características hay dos vías: una persona física o jurídica puede acudir a un juzgado de Primera Instancia o bien, como ha sucedido ahora, se remiten las diligencias a la Fiscalía. A partir de aquí, según las mismas fuentes, es el fiscal quien toma la decisión de querellarse o no contra, en este caso, Fernández de Sousa. "Si hay indicios a esa persona se le imputa el delito que sea y de ahí se pasa a la apertura de juicio oral". Por tanto, el paso dado es solo preliminar.

De los consejeros que vendieron acciones en los últimos meses, solo el presidente (a través de sus sociedades Inverlema, Sodesco y Gicsa) evitó informar al regulador hasta que éste inició una investigación -el 11 de marzo- "para determinar la existencia de posibles indicios de comportamientos de abuso de mercado por parte de la compañía, de sus administradores o de terceras personas". Cuatro días después, el día 15 de marzo, Sousa confirmaba las sospechas o, más aún, hacía más graves los temores de varios socios que daban por hecho que no poseía el 14,426% que decía controlar en la multinacional. Confesó controlar el 7,5% de la firma tras vender más de 1,98 millones de acciones entre el 4 de diciembre y el 27 de febrero.

Su actividad fue frenética en los días previos a que la compañía reconociese que no tenía liquidez y avisase a la CNMV que no iba a enviar las cuentas. Sousa llevaba más de dos meses vendiendo títulos a un precio que osciló entre los 13,6 y los 17,5 euros. Ahora, suspendida de cotización, cada acción se paga a 5,91 euros.

¿Solo Sousa vendió acciones en lo que llevamos de año? No, Alfonso Paz-Andrade vendió 73.000 acciones ( el 6 de febrero) y Luxempart se desprendió de más de 172.000 obligaciones convertibles (el 7 de marzo), pero ambos informaron a la CNMV. El presidente de Pescanova llegó a vender títulos el día en que se celebró el consejo de administración -27 de febrero- que rechazó las cuentas de 2012. Ese día se deshizo de 12.000 títulos a 16,59 euros, lo que le reportó unos ingresos de 199.080 euros. Paralelamente, como explican desde la CNMV, el regulador sigue "investigando todo" lo que pueda ser constitutivo de delito o de sanción administrativa. "Estamos haciendo un seguimiento de la auditoría forense (a cargo de KPMG) y continuamos revisando lo que ha pasado".

Desde CCOO, con mayoría en Pescanova, ven con buenos la investigación de la Fiscalía. "Cuanto más luz haya al respecto, mejor", expuso Francisco Vilar, responsable de Alimentación del sindicato.

Mientras, el abogado Joaquín Yvancos, que presentó una querella contra el consejo de Pescanova, la CNMV y la auditoría BDO en nombre de los accionistas minoritarios, afirmó ayer que hay motivos para que Fernández de Sousa "acabe con sus huesos en la cárcel", tras haber "mentido deliberadamente" sobre la situación de la empresa y haber cometido una "golfada". En una entrevista a la Radio Galega, Yvancos se refirió a la venta de acciones y el préstamo que él mismo concedió a la compañía (algo más de 9 millones). Apuntó que esa maniobra permitirá al presidente de Pescanova "tener preferencia por encima de los accionistas" a la hora de cobrar, ya que lo haría como acreedor.

El letrado subrayó además que Fernández de Sousa ocultó la venta de acciones para "mantenerse" como presidente. Yvancos explicó que cada día se adhieren más accionistas a la querella presentada ante la Audiencia Nacional, que ya supera los 40 afectados.