Faro de Vigo

Es necesario frenar ya el escarnio de Pescanova

En apenas mes y medio, Pescanova ha pasado de ser una de las marcas de alimentación más respetadas y apreciadas en todo el mundo, y muy especialmente en España, a convertirse en motivo de escarnio en la plaza pública. Lo que se suponía que era un problema de liquidez o de excesivo endeudamiento, consecuencia de la crisis económica, ha dado paso a un escándalo mayúsculo que, lejos de circunscribirse a lo estrictamente económico, se expande con ingredientes propios de un guion de telenovela. El daño reputacional que está sufriendo la compañía es tal que amenaza con llevarse por delante cuanto es y representa, nada menos que un pilar de la economía gallega, un emblema de esta comunidad y una marca referente de España en el mundo.
Y eso es, precisamente, lo que hay que evitar a toda costa: que una más que deficiente gestión, por llamarlo de alguna manera, acabe destruyendo una empresa que posee activos muy valiosos en un sector pujante y con buenas expectativas de futuro. El daño ya está hecho, y es de proporciones monumentales, con escasos precedentes. Tanto, que es el tercer mayor concurso de acreedores de la historia de España. Daño a los socios, a los accionistas, a fondos internacionales, a entidades financieras, a la propia marca?. Pero Pescanova no es una burbuja más de la economía especulativa. Pertenece a la economía real, y, si se hacen las cosas como tienen que hacerse, cuenta con mimbres para intentar salir adelante, para seguir existiendo.
Lo ocurrido desde la noche del 27 de febrero a las 23:45 horas, momento en que su presidente, Manuel Fernández de Sousa, hizo saber a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no podía presentar las cuentas del año pasado, tal y como desveló FARO, hasta hoy figurará en los anales de la compañía como su página más negra, sin duda alguna. Apenas diez horas después, presentaba un preconcurso de acreedores y admitía que podía existir una diferencia entre su contabilidad y la deuda real de la empresa. Y no una diferencia cualquiera. Nada menos que 1.500 millones de euros más. El doble de la cantidad que figuraba en las cuentas oficiales al cierre del primer semestre de 2012. O sea, que la deuda real es de unos 3.000 millones.
Las noticias que se sucedieron desde ese momento configuran un escenario valleinclanesco, nunca mejor dicho, absolutamente impropias de cualquier compañía que se respete a sí misma, cuanto más de una multinacional que cotiza en Bolsa, tiene actividad en todo el mundo y se financia en el mercado internacional. Ha habido luchas encarnizadas en consejos maratonianos, con traiciones folletinescas, como la del hijo de José Luis Méndez, amigo íntimo de Sousa. Desmarques tan sonados como el de Basagoiti, un histórico de la casa que de repente se ha visto teniendo que explicar a Botín un posible agujero de 80 millones, justo, además, cuando tenía ante sí excelentes expectativas profesionales. El presidente y el segundo accionista de la compañía, Grupo Damm (de Demetrio Carceller), evidenciando negro sobre blanco su enfrentamiento mediante una peculiar guerra de comunicaciones relevantes a la CNMV. Requerimientos y más requerimientos del regulador reclamando las cuentas, recusación de la auditora (BDO), con amenaza incumplida de demanda; plante de la banca acreedora, denuncias en la Audiencia Nacional?
Añádansele las noticias sobre la falta de liquidez para mantener la operatividad de la empresa, la venta de activos de la filial ecuatoriana Promarisco, los cambios previos al concurso en los consejos de administración de éstas, la sorprendente alteración de la propiedad de la marca en el registro de la UE o la denuncia de deleznables presiones por cuestiones informativas y se entenderá lo de valleinclanesco. Desgraciadamente, el inicial oscurantismo de la compañía, en línea con lo que ha sido su política informativa tradicional, en nada ayudó a disipar tanta confusión.
Así y todo, el punto de inflexión en el escarnio lo marcó el propio Sousa cuando comunicó a la CNMV, a requerimiento de ésta, que su participación en la compañía no era del 14,45%, como figura en los registros, sino del 7,45%, es decir, que en los últimos tres meses había vendido en secreto la mitad de su participación, lo cual le supuso unos ingresos de 31,2 millones de euros. Arguyó que lo hizo para dar liquidez a la empresa. Y, efectivamente, le concedió a Pescanova un crédito. Pero de solo 9,5 millones, de los cuales ya ha recuperado la mitad. Por cierto, se lo dio al 5% de interés, con lo cual ha ganado 80.000 euros. Con la cotización suspendida en Bolsa y el concurso de acreedores ya presentado, es decir, con miles de accionistas atrapados en una suspensión de pagos que muy probablemente se lleve por delante sus ahorros, el veredicto social quedó visto para sentencia.
La primera conclusión a extraer es que, en contra de lo que se presuponía, Pescanova tiene un problema grave, mucho más grave de lo que, lamentablemente, podían imaginarse socios, accionistas, trabajadores, bancos e inversores internacionales, es decir, los principales perjudicados. No lo podían imaginar, entre otras cosas, porque los responsables de la compañía se cuidaron muy mucho de mantener el problema oculto, sin reflejarlo en su contabilidad. La segunda, que la inmensa torpeza con que se ha gestionado durante este mes y medio la situación ha agravado aún más la crisis. La tercera, que el enorme daño reputacional al propio Sousa es un problema añadido porque ha impregnado de tal grado de personalismo su gestión durante casi 30 años que marca y persona se diluyen en una misma cosa. De hecho sin él la compañía no existiría. La duda ahora es si con él puede seguir existiendo. La mayoría de los bancos acreedores y accionistas de referencia sostienen que no. Exigen su marcha para negociar una salida. Sousa se aferra al cargo, mientras los organismos competentes y las autoridades políticas parecen preferir de momento mirar de soslayo sin que se les note demasiado, disimulando con declaraciones tan grandilocuentes como huecas. En ese pulso estamos.
En cualquier caso, su impronta en la compañía es tal, que lo que no admite duda es que suya es la responsabilidad principal de lo ocurrido. Una responsabilidad sin paliativos, al margen de lo que los órganos competentes establezcan sobre la labor de la auditora y de lo que acabe dilucidándose sobre esos mismos órganos, que, con la CNMV a la cabeza, quedan una vez más en muy mal lugar en tanto en cuanto que reguladores y controladores de la situación de la empresa y de sus prácticas de gobierno corporativo, claramente en entredicho. Su monumental torpeza en nada ayuda a que España recupere esa confianza tan necesaria para atraer inversores.
Acorde con su tamaño y repercusión, la triste realidad de Pescanova resulta imposible de abarcar en su totalidad en este espacio editorial. Tiempo habrá, por ejemplo, para abordar su papel en el entramado de intereses que, de la mano de Caixa Galicia, su siempre fiel financiadora, ha marcado buena parte del devenir de esta tierra durante las últimas décadas. Solo un apunte: ¿Qué ocurrirá con NCG si finalmente tiene que cubrir íntegramente los 220 millones que se estima le debe Pescanova? Sabido es que están los últimos para cobrar por haber sido accionistas.
En fin, ahora lo que procede es acabar con tanto escarnio. Y la única forma de hacerlo es que las autoridades competentes adopten con celeridad las resoluciones que encaminen a Pescanova hacia una salida de futuro, en vez de dejar que siga hundiéndose en el fango del desprestigio y la ingobernabilidad. No hay otra.