Los despidos y los concursos de acreedores colapsan los juzgados
La crisis y su traducción en la vía judicial con la sangría de despidos y la avalancha de concursos de acreedores volvieron a ser protagonistas en los tribunales en 2012. Los asuntos de cariz económico y laboral desbordaron los juzgados en Córdoba, según constata la memoria presentada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una tónica que, por lo demás, es trasladable al resto de provincias andaluzas. El ingente número de casos anima al alto tribunal a plantear la necesidad de ampliar el único juzgado de lo Mercantil que hay en Córdoba, que registró casi el doble de asuntos de los considerados como carga asumible (759 frente a los 399 casos como máximo recomendados).
Las reclamaciones por despidos han aumentado aproximadamente un 24% en Andalucía respecto al año anterior. En Córdoba se produjeron algo más de 2.000 ingresos judiciales por despidos, de los que se han resuelto algo más de mil. Respecto a los concursos de acreedores, la pendencia --relaciona la cantidad de asuntos pendientes a final de año con los resueltos-- también sigue creciendo (un 30% respecto a 2011), ya que el nivel de los resueltos está por debajo de los ingresados. En 2012, los concursos de acreedores presentados en el juzgado de lo Mercantil de Córdoba superaron el centenar de casos.
PRIMERA INSTANCIA // Los juzgados de Primera Instancia son buena prueba del desmedido aumento de la litigiosidad. Cerraron 2012 con 7.220 casos pendientes y cada uno de estos juzgado ingresaron 1.978 asuntos, cuando se estima como carga asumible anual tener entre 738 y 884 casos. Algo mejor están los juzgados de Instrucción con unos 7.161 asuntos anuales. Respecto a la provincia, el TSJA considera que los 21 juzgados presentan una situación "muy desigual", por lo que sería "muy conveniente una redistribución de la planta judicial". 2.883 casos ingresaron en los juzgados de lo Penal, que lograron resolver 2.954. Lo contencioso-administrativo, por su parte, alivió algo su carga al disminuir el número de expedientes instruidos, siendo los de extranjería los más frecuentes. En Córdoba, se registraron 2.862 casos, mientras que los cinco juzgados tuvieron una media de 572 asuntos (lo asumible se sitúa en 543). Más sobrecargados de la cuenta están también los cuatro juzgados de lo Social, que estudiaron 1.615 casos cuando lo ideal sería no superar los 800. Por su parte, el juzgado de violencia de género registró 2.395 casos y resolvió 2.389, quedando pendientes 352. Está por encima de la carga asumible (hasta 1.762 asuntos) ya que registró 1.893.
La memoria no solo es un compendio numérico. El informe se hace eco del malestar del colectivo, agobiado con sobrecarga de trabajo y preocupado con la falta de impulso político para la mejora de la justicia, así como por las reformas anunciadas. Es de aplaudir que sea el propio tribunal quien destaque la eficacia de los órganos judiciales cordobeses comparando su tasa de congestión con la de otras provincias. Se señala, por ejemplo, que en la Audiencia se resuelve más del 90% de la carga de trabajo penal. Según la memoria, la cantidad de asuntos pendientes se ha mantenido siempre en niveles "muy bajos" en la Audiencia a pesar del aumento de asuntos ingresados. Esto ha sido posible "gracias al esfuerzo de los magistrados que siempre han resuelto tantos asuntos como se ingresaban en el año". La Audiencia ingresó 4.445 asuntos, 3.031 penales (un 5% más que el año anterior) y 1.414 civiles (un 6% más que en 2011). Del total de la carga de trabajo penal, 200 asuntos al año, se resolvió el 96%. El tiempo de resolución es de un mes (frente a los seis meses de Almería o Granada), mientras que la tasa de congestión se sitúa por encima del 95%. Respecto a la jurisdicción civil, el documento constata que ha seguido una pauta de comportamiento muy similar a la experimentada en jurisdicción penal ya que se resuelve la misma cantidad de asuntos que se ingresan. Después del repunte de 2010, en los dos últimos años ha disminuido hasta los 135 asuntos pendientes a finales de 2012 (un 21% menos que en 2011). La cantidad de asuntos civiles pendientes se resolverá en las tres secciones en un mes.
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