La Voz de Galicia

Construir un buque en Galicia tendrá hasta un 20% de bonificación fiscal

Bruselas aprobará la semana que viene el nuevo «tax lease», sin resolver el modelo anterior

Los astilleros privados gallegos cuentan ya los días que faltan para que la Comisión Europea autorice la entrada en vigor, con todas las de la ley, del nuevo tax lease. Fuentes comunitarias precisan que la aprobación de este sistema de bonificaciones fiscales para los armadores que decidan construir buques de gran tonelaje en los astilleros españoles tendrá lugar la próxima semana, entre los días 20 y 25 de noviembre.

La medida supondrá la inmediata vuelta al mercado de la contratación naval de un sector que permanece prácticamente inactivo desde hace casi año y medio, después de que Bruselas decidiera suspender el modelo de bonificaciones vigente en España hasta esa fecha, por considerar que vulneraba la libre competencia, tal y como denunciaron astilleros de Holanda, Noruega, Portugal y Finlandia.

Fuentes conocedoras del nuevo documento que verá la luz la próxima semana aseguran que no habrá sorpresas sobre lo ya avanzado. El nuevo tax lease será mucho menos atractivo que el modelo expedientado y, gracias al cual, las compañías armadoras y asociaciones de interés económico constituidas para beneficiarse de sus incentivos llegaron a lograr bonificaciones fiscales de hasta el 30 % por buque construido.

El sistema con el que los astilleros gallegos, cuya producción media supone, en condiciones normales de mercado, más del 50 % del sector en España, tendrán que salir a competir a partir de ahora, será menos ventajoso, con un tope de incentivos fiscales que se sitúa en el 20 %. Aunque esto no es lo que más preocupa a los astilleros, que dan por válida la nueva herramienta inspirada en un modelo que se aplica en Francia.

Temor de los armadores

Para el sector naval gallego, la aprobación del nuevo tax lease es parte de la solución del problema, pero la tranquilidad no será completa hasta que Bruselas resuelva el expediente abierto en julio del 2011 al antiguo sistema que, desde el año 2002, permitió la contratación de 273 buques en España por valor de 8.700 millones. El Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en una fórmula que permita dar encaje legal al sistema expedientado, para que las bonificaciones concedidas no supongan ayudas de Estado. Bruselas, por su parte, guarda silencio, sin aclarar hasta qué punto es posible que España tenga que devolver las bonificaciones concedidas.

La incertidumbre que existe al respecto es, según los astilleros, un inconveniente a la hora de salir a competir por nueva carga de trabajo al que, de momento, ni Bruselas, ni el Gobierno de España han querido dar respuesta. «Sin solucionar la retroactividad de un modo formal y claro, los armadores seguirán teniendo miedo a construir en España, ante el riesgo de que la Comisión Europea reclame a los astilleros las ayudas recibidas por anteriores contratos», explican fuentes del sector.

Tanto desde Competencia como desde Industria sostienen que la devolución es un escenario poco probable, pero tratar de convencer sin papeles a un armador de que invertir 30 o 60 millones en un buque es una operación segura, por ahora no es tarea fácil.