Faro de Vigo

Diecisiete meses ha costado ganar la primera batalla del tax lease, pero la guerra continúa. Una vez pactado con Bruselas un nuevo sistema de bonificaciones fiscales para el naval, que se aprobará este mes, al Gobierno español le queda por delante una difícil misión: evitar que la Comisión Europea (CE) declare finalmente ilegales las ayudas del anterior régimen fiscal y exija su devolución a todos los beneficiarios (incluidos astilleros), algo que en la práctica supondría la liquidación de esta industria, estratégica para Galicia.

La última batalla del "tax lease"

Una vez pactado el nuevo sistema de bonificaciones fiscales del sector naval, queda por resolver la amenaza de devolución de las antiguas ayudas, que podrían superar los 2.600 millones de euros desde 2002

Empresas, administraciones y sindicatos han defendido desde el principio la legalidad del tax lease original, que facilitaba unos descuentos en el precio de los buques de entre el 20% y el 30%, esgrimiendo tres principios básicos en la Unión Europea (UE): buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica. El Gobierno ha hecho suya esa argumentación, pero en el sector se escuchan cada vez más voces que aconsejan al Ejecutivo que recurra a expertos en legislación europea para defender el tax lease; porque hay mucho en juego. La última ha sido la del sindicato UGT tras reunirse este lunes en Madrid con el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia.

Almunia trasladó a responsables del sindicato que el nuevo esquema de bonificaciones fiscales se aprobará en la próxima reunión de la Comisión, el 20 de noviembre, y les explicó que el expediente abierto para la recuperación de las ayudas consideradas ilegales continúa su análisis por los servicios jurídicos de Bruselas, en una línea de actuación alternativa a la aprobación del nuevo instrumento fiscal. MCA-UGT argumenta que solo resolviendo esta cuestión se garantizaría la seguridad jurídica del sector naval.

¿Cuánto está en juego? El tax lease facilitó entre 2002 y 2010 la construcción de 273 buques por valor de 8.727 millones de euros. Tomando como referencia que el esquema fiscal permitió rebajas de entre el 20% y el 30% sobre el precio original de los barcos, el montante de las ayudas, en caso de considerarse ilegales, rondaría entre 1.700 y 2.600 millones, a los que habrá que devengar los intereses que fije la Comisión. Esa recuperación se realizaría sin dilación y tendría que llevarla a cabo el Estado.

¿A quién se le exigirían esas ayudas? Según Bruselas, a todos los beneficiarios del sistema fiscal: bancos, empresas de leasing, inversores (las Agrupaciones de Interés Económico), las navieras y los astilleros. De estos, los que más se aprovecharon de este régimen fueron Barreras (con contratos por valor de 1.700 millones), Vulcano (1.000), Construcciones Navales del Norte (1.000), Zamakona (700) y Armón (500).

La devolución de las ayudas supondrá un grave problema para el Gobierno, ya que todas las operaciones con el tax lease fueron validadas por la dirección general de Tributos del Ministerio de Hacienda. España ya fue condenada en dos ocasiones por Europa por no haber ejecutado órdenes de recuperación de ayudas ilegales de naturaleza fiscal, en 2006 y 2007, por el caso de las llamadas "vacaciones fiscales vascas". Se trata de unos beneficios con los que las Diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa trataron de incentivar la implantación de nuevas empresas en sus territorios en los años noventa. Tras dos décadas de pleitos, las empresas beneficiadas (unas trescientas) deben devolver las ayudas: 500 millones.