¿El ´tax lease´?, ni está ni se le espera
El conselleiro Javier Guerra anunció el 23 de mayo que Bruselas daría una respuesta afirmativa en dos meses a la nueva propuesta española
El pasado 23 de mayo, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, anunció en Santiago conjuntamente con el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, que en dos meses la Comisión de la Competencia, que preside el español Joaquín Almunia, daría su visto bueno a la propuesta formal de tax lease presentada un día antes por España. Hoy se cumplen dos meses y medio y el sector sigue sin saber nada sobre el nuevo sistema de bonificaciones que le permitiría construir barcos a precios competitivos.
El documento, presentado por España el 22 de mayo ante Competencia, es un sistema mixto entre el sistema francés con modificaciones legales €por realizar€ del impuesto español de sociedades. Con ello, los negociadores españoles en Bruselas pretendían salvar una de las grandes exigencias de Bruselas: que el sistema fuese aplicables a otros sectores.
Esto en teoría era así, pero en la práctica el sistema está directamente enfocado al sector naval, ya que al nuevo tax lease se podrán acoger los productos industriales cuya construcción dure más de un año y no se fabriquen en serie, con lo que quedan descartados sectores como el del automóvil o el de la aeronáutica y, además, se excluyen a los bienes inmuebles.
La propuesta mantendría unas condiciones similares de beneficios para los armadores y se aplicaría tras la reforma de varios apartados del impuesto de sociedades.
Guerra había asegurado en su comparecencia del día 23 de mayo que "al tratarse de una reforma de una norma española, no precisan de autorización previa de la UE para aplicar el nuevo sistema y tan solo deben aguardar dos meses, plazo para que está €la Comisión de la Competencia€ emita una opinión.
"Durante este plazo €añadió€ el Gobierno central elaborará el nuevo real decreto que cambiará al ley del impuesto de sociedades".
Guerra había defendido esta propuesta como un hecho "histórico", así como el "compromiso" del Gobierno central de Mariano Rajoy, por asumir un cambio de marco legal estatal para beneficiar al sector y permitirle competir en igualdad de condiciones con sus socios europeos, pues este nuevo tax lease se aplicaría únicamente a los pedidos de los armadores europeos.
Esa no fue la única ocasión en la que Javier Guerra fijó una fecha que no se cumplió para la entrada en vigor del tax lease. El pasado mes de febrero el conselleiro de Industria convocó una rueda de prensa en Vigo para informar de que a finales del mes de abril, o a más tardar a principios de mayo, el sector naval tendría operativo un tax lease alternativo y que en menos de un mes, en junio, los astilleros gallegos podrían volver a contratar.
Guerra esgrimió en aquella ocasión un escrito del Ministerio de Industria en el que, por primera vez, se fijaban los plazos para la resolución del problema. El conselleiro dio por buena la información que sus compañeros de partido le hicieron llegar.
El sector mostró cierto escepticismo al anuncio, pero el político vigués insistió en ofrecer ese plazo que, desgraciadamente, no se cumplió.
"¿El tax lease?, ni está ni se le espera", señala el director general de un importante astillero vigués.
Los responsables de los astilleros vigueses llaman a todos los organismos implicados un día sí y otro también para tratar de conocer el plazo de aprobación y las condiciones con las que pueden negociar los nuevos contratos para un sector que se encuentra al borde del abismo. "Las conversaciones con los armadores son siempre a medias porque no podemos concretar nada, no sabemos en qué van a consistir esos ajustes", se lamenta otro directivo de un astillero vigués.
El documento, presentado por España el 22 de mayo ante Competencia, es un sistema mixto entre el sistema francés con modificaciones legales €por realizar€ del impuesto español de sociedades. Con ello, los negociadores españoles en Bruselas pretendían salvar una de las grandes exigencias de Bruselas: que el sistema fuese aplicables a otros sectores.
Esto en teoría era así, pero en la práctica el sistema está directamente enfocado al sector naval, ya que al nuevo tax lease se podrán acoger los productos industriales cuya construcción dure más de un año y no se fabriquen en serie, con lo que quedan descartados sectores como el del automóvil o el de la aeronáutica y, además, se excluyen a los bienes inmuebles.
La propuesta mantendría unas condiciones similares de beneficios para los armadores y se aplicaría tras la reforma de varios apartados del impuesto de sociedades.
Guerra había asegurado en su comparecencia del día 23 de mayo que "al tratarse de una reforma de una norma española, no precisan de autorización previa de la UE para aplicar el nuevo sistema y tan solo deben aguardar dos meses, plazo para que está €la Comisión de la Competencia€ emita una opinión.
"Durante este plazo €añadió€ el Gobierno central elaborará el nuevo real decreto que cambiará al ley del impuesto de sociedades".
Guerra había defendido esta propuesta como un hecho "histórico", así como el "compromiso" del Gobierno central de Mariano Rajoy, por asumir un cambio de marco legal estatal para beneficiar al sector y permitirle competir en igualdad de condiciones con sus socios europeos, pues este nuevo tax lease se aplicaría únicamente a los pedidos de los armadores europeos.
Esa no fue la única ocasión en la que Javier Guerra fijó una fecha que no se cumplió para la entrada en vigor del tax lease. El pasado mes de febrero el conselleiro de Industria convocó una rueda de prensa en Vigo para informar de que a finales del mes de abril, o a más tardar a principios de mayo, el sector naval tendría operativo un tax lease alternativo y que en menos de un mes, en junio, los astilleros gallegos podrían volver a contratar.
Guerra esgrimió en aquella ocasión un escrito del Ministerio de Industria en el que, por primera vez, se fijaban los plazos para la resolución del problema. El conselleiro dio por buena la información que sus compañeros de partido le hicieron llegar.
El sector mostró cierto escepticismo al anuncio, pero el político vigués insistió en ofrecer ese plazo que, desgraciadamente, no se cumplió.
"¿El tax lease?, ni está ni se le espera", señala el director general de un importante astillero vigués.
Los responsables de los astilleros vigueses llaman a todos los organismos implicados un día sí y otro también para tratar de conocer el plazo de aprobación y las condiciones con las que pueden negociar los nuevos contratos para un sector que se encuentra al borde del abismo. "Las conversaciones con los armadores son siempre a medias porque no podemos concretar nada, no sabemos en qué van a consistir esos ajustes", se lamenta otro directivo de un astillero vigués.
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