Cinco Días

La autopista Madrid-Toledo solicita el primer concurso de un sector en jaque

El sector concesional y la banca que le ha prestado financiación temen un efecto dominó que arrastre a una decena de autopistas al concurso de acreedores, entre ellas las radiales de Madrid, la M-12 que da acceso a Barajas, o la Cartagena-Vera. El miedo de todas ellas a dar el primer paso se ha despejado. Ha sido la AP-41 (Madrid-Toledo) la que ha roto el hielo pidiendo el concurso voluntario ante el Tribunal Superior de Justicia de Albacete. El mundo de las infraestructuras está pendiente de la resolución.

La concesionaria tiene como accionistas a constructoras de relumbrón: Isolux, Comsa, Sando y Azvi, además de Banco Espírito Santo. La deuda que arrastra asciende a 380 millones, mientras mantiene una dura pugna en los tribunales con un millar de propietarios de terrenos, en su día expropiados para la construcción de la infraestructura. La cuenta por pagar en suelo es de 150 millones.

En el caso del crédito, se firmó a 31 años con un consorcio liderado por Banco Espírito Santo y en el que, según fuentes financieras, figuran entidades como Santander, Banesto, Sabadell y La Caixa. La modalidad de la financiación es de project finance, en el que las acciones de la propia concesionaria sirven de prenda. La factura que paga la AP-41 por los intereses asciende a unos 20 millones anuales, lo que supera los propios ingresos.

Compensaciones

La quiebra de la autopista Madrid-Toledo no es un caso cualquiera. Además de ser la primera del sector, la concesionaria tiene un juicio ganado en el Supremo al Ministerio de Fomento. Este debe compensar a la empresa por haber cortado de raíz sus expectativas de ingresos. Fue por la decisión de no autorizar la prolongación de la carretera de peaje -previo dictamen del Ministerio de Medio Ambiente- hacia Ciudad Real y Córdoba, abortando el Corredor Sur.

El proyecto incluía esa extensión que evitaba el paso por el puerto de Despeñaperros, lo que convertía a la AP-41 en una opción atractiva -se ahorraban 70 kilómetros y el propio puerto- para enlazar el centro del país con Andalucía. El fallo del Alto Tribunal, en el que se instaba a ambas partes a negociar un reequilibrio, está fechado el 16 de mayo de 2011. La propia concesionaria calculó que el impacto de este parón era de 100 millones de euros.

El otro agravio del que se ha quejado durante años la empresa es el de la potenciación de la M-407, carretera libre de peaje desdoblada por la Comunidad de Madrid. Una decisión que ha supuesto un impacto de 320 millones, según la compañía, pero que no fue reconocido por el Supremo.

La AP-41 demanda 420 millones en total. En contra juega que los daños vengan de dos Administraciones, lo que hace que Fomento parta de la base de que solo debe compensar a la AP-41 por congelar el proyecto de prolongación, y no por la actuación del Gobierno madrileño. Un año después del fallo del Supremo, la concesionaria sigue sin noticias de Fomento.

La responsabilidad patrimonial de la Administración, en caso de insolvencia, es de 350 millones: 295 millones cubren las obras y otros 55 millones las expropiaciones.