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7 de marzo de 2012

Faro de Vigo

García Costas aborda con Guerra el plan de negocio del astillero Barreras

La administración concursal llama a todas las partes a arrimar el hombro para salvar la firma

El empresario de Vigo José García Costas, uno de los accionistas de referencia de Barreras, se reunió ayer con el conselleiro de Economía, Javier Guerra, para abordar el plan de viabilidad del astillero, con el que se pretende superar la suspensión de pagos y regresar a la actividad. Guerra había criticado el contenido de este documento por "incompleto" y había reclamado un mayor compromiso a los propietarios de la firma de cara a una posible ampliación de capital.
Tanto Guerra como García Costas declinaron ayer valorar el resultado de la reunión, que tenía como primer objetivo explicar al conselleiro aquellos puntos del plan de viabilidad que no habían quedado claros y ampliar la información que considerase necesaria. El documento incluía una ampliación de capital de 12 millones de euros, de los que la Xunta aportaría la mitad en forma de capital riesgo (a través de XesGalicia), como adelantó en exclusiva este diario. También se prevé la entrada de dos nuevos accionistas y una segunda ampliación de capital de 8 millones, hasta llegar a los 20.
El conselleiro también se reunió ayer con los administradores concursales del astillero, quienes llamaron a todas las partes a arrimar el hombro si quieren que la empresa salga adelante. Fuentes de la administración concursal precisaron que "hay una idea clara de lo que hay que hacer, pero eso requiere la colaboración de todos". En ese sentido, dieron por hecho que el proceso "va a dejar muchos heridos en el camino". "El Gobierno gallego es el primer interesado en que esto salga adelante, aunque no a cualquier precio. Habrá gente que tenga que apostar más fuerte", argumentaron las mismas fuentes, en referencia a una mayor implicación de los actuales propietarios de la compañía.
Rechazo
La semana pasada, tanto los trabajadores de Barreras como los acreedores mostraron su total rechazo al plan de negocio, que contempla la reducción de la plantilla de 130 a 80 trabajadores, bajada de salarios de hasta el 81% y una quita sobre la deuda con los acreedores (de 74 millones) del 95% a devolver en un periodo de quince años.

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