Imputan a medio centenar de empresarios en un fraude fiscal que supera los 10 millones
Las firmas investigadas en A Coruña y Pontevedra se dedican al sector de la construcción, tanto a la obra pública como privada . Sus responsables, empleados bancarios y autónomos están encausados
La Justicia ha dado un golpe a una trama de facturas falsas vinculadas al sector de la construcción en Galicia. El Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo investiga el considerado como uno de los mayores fraudes fiscales de facturas falsas destapados en la comunidad por la Agencia Tributaria que superaría ya los 10 millones de euros, si bien según una de las actas que constan en la causa podría elevarse a 50 millones. La investigación judicial comenzó en 2009 y por el momento están implicadas más de medio centenar de empresas privadas, fundamentalmente del sector de la construcción que se dedican tanto a la obra pública como privada, con sede social en las provincias de A Coruña y también de Pontevedra.
Responsables de estas firmas han sido imputados por la juez, al igual que algunos empleados bancarios y autónomos. Los investigadores sitúan a una conocida empresa viguesa en el núcleo de esta compleja trama, que supuestamente emitiría las facturas falsas al resto de implicados para que estos pudiesen evadir impuestos a Hacienda. A su vez, esta firma habría utilizado a ciudadanos rumanos que trabajaban como autónomos para ellos con el objeto de cerrar el círculo del supuesto fraude, sin que estos, aparentemente, lo supieran.
La causa se sigue por tres tipos de delitos: presunto fraude fiscal de defraudación de IVA, de defraudación del Impuesto de Sociedades y un tercer delito de falsedad documental. Las diligencias judiciales se abrieron en el año 2009 tras la presentación en el juzgado de una denuncia por parte de la Fiscalía, aunque la Agencia Tributaria ya investigaba desde tiempo atrás el caso por vía administrativa. Los expedientes analizados y en los que se habría incurrido en irregularidades corresponden a los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, si bien la causa podría ampliarse también a 2008 ya que Hacienda sospecha que el fraude continuó al menos en ese año.
La Agencia Tributaria sostiene que el grupo empresarial en el que la acusación centraliza la trama -que se dedica a proyectos inmobiliarios y está vinculado a empresas de subcontratas de obras públicas- habría emitido facturas falsas a numerosas empresas que tenían una elevada facturación pero pocos gastos, de forma que estos últimos se incrementasen ficticiamente y sus beneficios se redujesen. Todo con apariencia de veracidad, ya que se realizarían transferencias reales de dinero. De esta forma, las empresas implicadas habrían deducido por gasto que en realidad no existe, distrayendo una gran cantidad de dinero en perjuicio de la Hacienda Pública, tanto en el impuesto del IVA como en el de Sociedades.
El grupo empresarial cerebro del entramado, por su parte, recortaría supuestamente su elevada facturación con importantes gastos mediante las facturas presuntamente emitidas por numerosos trabajadores autónomos rumanos sin que éstos lo supieran.
Al menos esto es lo que sospecha Hacienda y la acusación, ya que aunque la mayoría de estos ciudadanos fueron citados a declarar como imputados en el juzgado, negaron haber emitido tales facturas y aseguraron desconocer de qué les hablaban. De hecho a casi todos se les retiró la imputación. La principal hipótesis es que el propio grupo empresarial presunto cabecilla de estas irregularidades fiscales eran los autores de los recibos.
El supuesto fraude de facturación falsa presentaría varias ramificaciones, desde la deducción o compensación del IVA en función de datos que no son reales, a la contabilización de gastos que no son tales porque ni siquiera existieron. Se trata de una investigación muy laboriosa ya que hubo que examinar una a una todas las facturas emitidas y recibidas por el grupo empresarial en el núcleo de la trama y el resto de empresas, de las provincias de A Coruña y Pontevedra. El delito fiscal requiere de un fraude superior a 120.000 euros por impuesto y ejercicio -cuantías menores son infracciones administrativas-. Está castigado con penas de uno a cuatro años de prisión y elevadas multas.
Las distintas fuentes consultadas no dudan en destacar la importancia de esta investigación. "Es una causa gigantísima", "se trata del caso de mayor enjundia que se ha investigado en relación con este tipo de delitos", describen al referirse a estas diligencias, que suman ya numerosos tomos y miles de folios. Prueba de la intensa actividad judicial existente en relación a estas indagaciones es que el juzgado instructor reserva una jornada a la semana para proceder a la toma de declaración de imputados o testigos. Dado las numerosas empresas presuntamente implicadas en este entramado fiscal, también es elevado el número de abogados personados en la causa.
Al margen de las tomas de declaraciones y otras diligencias que realiza el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, también se ha solicitado por exhorto la colaboración de otros tribunales de la provincia pontevedresa y la coruñesa para la toma de declaración de personas que residen en ese partido judicial.
La instrucción aún se prevé larga. Fuentes consultadas aseguraron que todavía deben declarar muchos de los imputados. Además, en este tipo de investigaciones de fraude fiscal existe numerosa documentación que es clave para el esclarecimiento de los hechos y que debe ser minuciosamente analizada. Esto provoca que las indagaciones sean todavía más complejas y que los trámites judiciales antes de que el caso llegue a juicio se prolonguen durante años. Este diario intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con varios de los cuatro hermanos responsables de la empresa que supuestamente era la cabecilla del fraude para conocer su valoración al respecto. Uno de ellos llegó a ponerse al teléfono y comprometió una conversación para minutos después, sin que volviese a atender nadie en esa línea.
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