La CIG denuncia "abusos" en procesos concursales de empresas de Pontevedra
La CIG ha denunciado este miércoles abusos en procesos concursales que afectan a conocidas empresas de la provincia de Pontevedra. Según la central sindical, en ocasiones los administradores nombrados por el juzgado "sólo se preocupan de cobrar sus honorarios, no de intentar reflotar la compañía".
Al respecto, el secretario comarcal de la CIG, Rafael Iglesias, ha asegurado que hay casos de despachos de abogados que cobraron sus minutas de la empresa que administran judicialmente y los trabajadores siguen sin cobrar. "En cuanto entra un euro en caja, se lo llevan", ha afirmado.
"En tiempos de crisis siempre hay quien saca tajada de los problemas de los demás", ha lamentado el secretario comarcal de la CIG, que apela al poder judicial para que vigile este tipo de "anomalías".
Según Rafael Iglesias, el abogado presentado por una empresa para llevar el concurso de acreedores, cobra la minuta entre 12.000 y 20.000 euros, "muchas veces por tan sólo presentar el papeleo para el concurso".
Y, en empresas como Proinsa, Aglonor, Novo y Sierra o Industrias González, que son firmas con solvencia en sus cuentas corrientes, "curiosamente los procesos concursales se eternizan en el tiempo".
Rafael Iglesias ha señalado que "hay gente que se está lucrando" y ha apuntado a "algunos procesos concursales" en los que ocurre "como con las pilas de Duracell". "Cuando hay dinero, duran y duran, hasta que se acaba la cuestión económica y aún por encima no son todo lo transparentes que deberían", ha censurado.
ACUSA A LOS ADMINISTRADORES DE "ETERNIZAR" EL PROCESO
"Si en alguno de estos concursos hay dinero, no puede ser que se negocie con dureza con los trabajadores y que con el dinero que queda los administradores sigan eternizando el proceso para llevarse en sus minutas el capital que falta", ha aseverado.
Por ello, ha explicado, la CIG ha "decidido denunciar estas cosas", porque la Ley Concursal permite este tipo de situaciones que el sindicato tilda de "abusos".
En opinión del responsable comarcal de CIG en Pontevedra, suele ser habitual que al administrador designado por el juzgado le interese más que la empresa termine en liquidación que reflotarla. "Hay concursos que dan dinero y no se cierran porque, hablando claro, hay tajada económica y por el contrario aquellos otros concursos donde no hay nada, a los seis meses, lo más tardar un año ya están cerrados", ha insistido.
"No se trata de ir en plan rojeras", ha indicado, para añadir que la mayoría de estas empresas "se hicieron con un patrimonio importante por el trabajo de sus empleados y es triste que después de ese trabajo se marchen con unas indemnizaciones muy bajas y quienes se estén lucrando sean otras personas" que "sólo piensan en engordar la facturación de sus servicios".
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