El futuro del naval vigués se decidirá estos días entre el Gobierno y la UE
La Unión Europea ha trasladado a Madrid la negociación del futuro del naval vigués que depende en buena parte de que se restaure el 'tax lease', sistema de financiación que emplean los astilleros en nuestro país para poder contratar grandes barcos.
La Unión Europea ha trasladado a Madrid la negociación del futuro del naval vigués que depende en buena parte de que se restaure el 'tax lease', sistema de financiación que emplean los astilleros en nuestro país para poder contratar grandes barcos.
Una delegación de la Comisión Europea de Competencia negociará hoy y mañana en Madrid el 'tax lease'
Una delegación de Bruselas (del departamento del comisario de Competencia Joaquín Almunia) estará hoy y mañana en Madrid para tratar con los ministerios de Industria y Economía la investigación que abrió a dichas bonificaciones fiscales, según avanzó ayer el presidente de Barreras, José Francisco González Viñas, tras un encuentro con el conselleiro de Industria Javier Guerra.
Viñas -cuyo astillero está en concurso de acreedores y tiene paralizada la construcción de un nuevo barco por la suspensión del 'tax lease'- se mostró “moderadamente optimista” y urgió que se aceleren las negociaciones y “se implante un marco transitorio que permita contratar buques”.
Por su parte, el conselleiro de Industria lamentó no tener noticias directamente del Gobierno central sobre estas reuniones, pero confió en que el Ejecutivo “defienda con entereza” el 'tax lease' para que el naval pueda salir adelante. “Sin este sistema, Barreras difícilmente saldrá adelante”, comentó tras reunirse con los acreedores de la empresa y con el comité de empresa -con la directiva lo hará la próxima semana-.
La suspensión temporal del 'tax lease' tiene bloqueadas unas 15 nuevas contrataciones de buques en los astilleros gallegos, según el clúster (Aclunaga). La UE abrió la investigación tras una denuncia interpuesta por astilleros holandeses, que acusan al naval español de competencia desleal por estas bonificaciones fiscales.
La Xunta pide que Barreras asuma “su parte de responsabilidad”
El conselleiro de Industria, Javier Guerra, descartó ayer que la Xunta vaya a entrar en el accionariado de Hijos de J.Barreras y exigió al astillero que presente un plan de viabilidad -la empresa está en concurso de acreedores- para poder optar a ayudas públicas, a través de avales o créditos participativos. “Es condición sine qua non”, reiteró tras reunirse con los acreedores y el comité de empresa.
Guerra recordó que Barreras está en suspensión de pagos “derivado de una gestión” y pidió a sus propietarios “un plan de futuro” y que “asuman su parte de responsabilidad”. En este sentido, el conselleiro hizo hincapié en que, con el Fondo Patrimonial de Garantías de Pymar liquidado, “la única que ha puesto dinero y medios es la Xunta”.
Con respecto a dicho plan de viabilidad, el presidente del astillero, González Viñas, apuntó que ya están trabajando con él y que la idea es presentarlo en una semana o dos. Así, avanzó algunos aspectos y las “cuatro patas” sobre las que se tiene que sustentar: la consecución de avales y financiación; la recalificación de terrenos ociosos del astillero, la ampliación de capital -en la que no descarta la entrada de los acreedores como accionistas- y el desbloqueo del 'tax lease'. Viñas recordó que la empresa podría tener trabajo pronto si se reanudan las bonificaciones fiscales ya que tiene un contrato firmado con la naviera canaria Armas para construir un ferry de 210 metros de eslora -sería el más grande construido en la Ría-, pero que no puede entrar en vigor sin el 'tax lease'. Asimismo, apuntó que el astillero vigués se presentó a un concurso para construir buques para la flota pesquera rusa, proyecto por el que compite con astilleros de todo el mundo.
La plantilla de Barreras (cerca de 120 trabajadores) está afectada por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal, que acaba el 31 de diciembre (con opción de prorrogarse). La empresa está sin carga de trabajo desde hace varios meses, situación que no se recordaba desde hace 30 años, con la reconversión de los 80. Además, acumula una deuda de 62 millones de euros y de su delicada situación económico-financiera dependen 200 auxiliares y unos 2.000 puestos de trabajo indirectos.
El presidente del comité de empresa, Sergio Gálvez (UGT), manifestó la preocupación de los sindicatos por la situación de las empresas auxiliares y por el hecho de que “muchas empresas están ya planteado ERE de extinción” (la mayoría está agotando los ERE temporales que tenían en vigor) para “depurar plantillas”.
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