El concurso de acreedores del astillero vigués Barreras afecta a 400 empresas
Trece auxiliares, que acaparan la mitad de la deuda, se alían para defender sus intereses y estudiar "alternativas" de futuro que permitan garantizar su actividad y la del astillero
El concurso de acreedores de Barreras, el mayor astillero privado de España, afecta a un total de 400 empresas auxiliares, según ha podido saber FARO. Trece de estas firmas, que concentran la mitad de la deuda de 62 millones de euros de la atarazana olívica, han constituido una plataforma de afectados para facilitar la negociación con el astillero, los sindicatos y las administraciones. El objetivo del grupo, además de cobrar sus deudas, es garantizar la viabilidad futura de las empresas y del astillero, para lo que estudiarán todas las alternativas presentadas hasta hoy para levantar Barreras.
La plataforma de afectados mantuvo ayer su primera reunión de trabajo con los responsables sindicales del comité de Barreras y las federaciones del naval de UGT, CC OO y CIG en la Cámara de Comercio. El grupo está formado por trece empresas –cada una con una deuda superior al millón de euros–, pero está abierto a la incorporación de nuevos acreedores, según trasladaron ayer sus portavoces. En el encuentro participaron compañías como Aister, Tuycalde, Oliver Design e Isolux. También forman parte de la plataforma Trabajos Navales e Industriales, Monavi, Gonsusa, SP Consultores, Islas, Maessa, Tucal, Gama y Logística y Andamios.
El colectivo expuso a los responsables sindicales la delicada situación que atraviesan sus empresas por los impagos de Barreras. Según la plataforma de afectados, el astillero solo les ha propuesto como "solución" para superar el concurso de acreedores la recalificación de los terrenos de la empresa entre Beiramar y Tomás Alonso como suelo urbanizable, medida que no les convence ya que eso "pondría en peligro" la continuidad de la actividad del astillero y del sector.
"Estamos dispuestos a estudiar cualquier alternativa y exigimos un mayor compromiso político. El naval es muy importante para la economía de la comarca", explicaba un directivo de Aister a la salida de la reunión. Entre las propuestas que se empezaron a debatir ayer destaca la anticipada la semana pasada por CC OO, que consiste en que los terrenos de Barreras pasen a titularidad pública –a cambio de 75 millones de euros que ayuden a saldar la deuda y reiniciar el trabajo– pero continúen en régimen de alquiler, y que se ejecute una ampliación de capital en la que entrasen la Xunta –a través de XesGalicia– y la industria auxiliar del naval.
Desde CC OO, Ramón Sarmiento, portavoz del naval, reconoció que por ahora solo se han producido "sondeos" con las posibles administraciones que podrían estar interesadas en comprar los terrenos de Barreras, como la Zona Franca y la Autoridad Portuaria. Las otras centrales presentes en la reunión, UGT y CIG, coincidieron al afirmar que este plan "es una posibilidad más" y que no les consta que hubiese "conversaciones" con ninguna administración.
El colectivo de afectados, por su parte, estaría dispuesto a saldar parte de la deuda a cambio de entrar en el accionariado del astillero, aunque relega una posible decisión a tener mayor conocimiento de los planes de la empresa y el proceso concursal. El grupo trasladó a los sindicatos que el total de acreedores de Barreras se eleva a 400 empresas, la gran mayoría de la comarca de Vigo, que emplean en conjunto a más de 2.000 personas.
La plataforma de afectados mantuvo ayer su primera reunión de trabajo con los responsables sindicales del comité de Barreras y las federaciones del naval de UGT, CC OO y CIG en la Cámara de Comercio. El grupo está formado por trece empresas –cada una con una deuda superior al millón de euros–, pero está abierto a la incorporación de nuevos acreedores, según trasladaron ayer sus portavoces. En el encuentro participaron compañías como Aister, Tuycalde, Oliver Design e Isolux. También forman parte de la plataforma Trabajos Navales e Industriales, Monavi, Gonsusa, SP Consultores, Islas, Maessa, Tucal, Gama y Logística y Andamios.
El colectivo expuso a los responsables sindicales la delicada situación que atraviesan sus empresas por los impagos de Barreras. Según la plataforma de afectados, el astillero solo les ha propuesto como "solución" para superar el concurso de acreedores la recalificación de los terrenos de la empresa entre Beiramar y Tomás Alonso como suelo urbanizable, medida que no les convence ya que eso "pondría en peligro" la continuidad de la actividad del astillero y del sector.
"Estamos dispuestos a estudiar cualquier alternativa y exigimos un mayor compromiso político. El naval es muy importante para la economía de la comarca", explicaba un directivo de Aister a la salida de la reunión. Entre las propuestas que se empezaron a debatir ayer destaca la anticipada la semana pasada por CC OO, que consiste en que los terrenos de Barreras pasen a titularidad pública –a cambio de 75 millones de euros que ayuden a saldar la deuda y reiniciar el trabajo– pero continúen en régimen de alquiler, y que se ejecute una ampliación de capital en la que entrasen la Xunta –a través de XesGalicia– y la industria auxiliar del naval.
Desde CC OO, Ramón Sarmiento, portavoz del naval, reconoció que por ahora solo se han producido "sondeos" con las posibles administraciones que podrían estar interesadas en comprar los terrenos de Barreras, como la Zona Franca y la Autoridad Portuaria. Las otras centrales presentes en la reunión, UGT y CIG, coincidieron al afirmar que este plan "es una posibilidad más" y que no les consta que hubiese "conversaciones" con ninguna administración.
El colectivo de afectados, por su parte, estaría dispuesto a saldar parte de la deuda a cambio de entrar en el accionariado del astillero, aunque relega una posible decisión a tener mayor conocimiento de los planes de la empresa y el proceso concursal. El grupo trasladó a los sindicatos que el total de acreedores de Barreras se eleva a 400 empresas, la gran mayoría de la comarca de Vigo, que emplean en conjunto a más de 2.000 personas.
La Xunta descarta entrar en el accionariado de la compañía y estudia "otras alternativas" de apoyo
La Xunta descartó ayer su entrada en el accionariado de Barreras en una futurible ampliación de capital del astillero con el fin de ayudarle a superar el concurso de acreedores. Lo afirmó ayer el conselleiro de Industria, Javier Guerra, que respondía así a las declaraciones del presidente de la compañía, José Francisco González Viñas, que dijo que estaría "encantado" si la Xunta fuese accionista de la empresa y avanzó que ya se habían producido "gestiones encaminadas" a este respecto.
El titular de Industria negó que se hubiese hablado "nada" con Barreras sobre la entrada de la Xunta en su accionariado, aunque sí admitió que está estudiando otras alternativas de apoyo para la atarazana. Guerra apostilló que su departamento mantiene conversaciones con la industria auxiliar y con los sindicatos, pero no con la idea de entrar como accionista en la empresa. El conselleiro argumentó que una participación pública en este astillero podría considerarse incluso "ilegal".
González Viñas volvió a explicar ayer en una entrevista concedia a la TVG que una de las posibles salidas para el astillero es la presentada por Comisiones Obreras: que una administración pública compre los terrenos del astillero Beiramar y Tomás Alonso –y se los alquile para poder seguir trabajando– y al mismo tiempo proceder a una ampliación de capital en la que pudiesen entrar nuevos socios de la industria auxiliar del naval y la Xunta.
No obstante, los responsables del sector naval de este sindicato emplazaron ayer al presidente de Barreras a que "si quiere ser parte de la solución del astillero asuma su responsabilidad en esta situación".
El titular de Industria negó que se hubiese hablado "nada" con Barreras sobre la entrada de la Xunta en su accionariado, aunque sí admitió que está estudiando otras alternativas de apoyo para la atarazana. Guerra apostilló que su departamento mantiene conversaciones con la industria auxiliar y con los sindicatos, pero no con la idea de entrar como accionista en la empresa. El conselleiro argumentó que una participación pública en este astillero podría considerarse incluso "ilegal".
González Viñas volvió a explicar ayer en una entrevista concedia a la TVG que una de las posibles salidas para el astillero es la presentada por Comisiones Obreras: que una administración pública compre los terrenos del astillero Beiramar y Tomás Alonso –y se los alquile para poder seguir trabajando– y al mismo tiempo proceder a una ampliación de capital en la que pudiesen entrar nuevos socios de la industria auxiliar del naval y la Xunta.
No obstante, los responsables del sector naval de este sindicato emplazaron ayer al presidente de Barreras a que "si quiere ser parte de la solución del astillero asuma su responsabilidad en esta situación".
El PSdeG presenta una proposición no de ley en apoyo al naval gallego
Plantea restaurar la vigencia del "tax lease" de acuerdo con la normativa europea
El grupo parlamentario de los socialistas gallegos ha presentado una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento para instar a la Xunta a adoptar una serie de medidas de apoyo al sector de la construcción y la reparación naval de la comunidad.
Este documento plantea que la Xunta emplace al Gobierno central a realizar las acciones necesarias para restaurar la vigencia del instrumento tax lease (sistema fiscal que permite la amortización acelerada de los barcos en España), de acuerdo con las autoridades europeas.
También propone articular, en su caso, medidas que permitan sustituir el actual sistema por otros vigentes en otros países comunitarios, y adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para proteger el empleo y el futuro de un sector estratégico.
Este documento plantea que la Xunta emplace al Gobierno central a realizar las acciones necesarias para restaurar la vigencia del instrumento tax lease (sistema fiscal que permite la amortización acelerada de los barcos en España), de acuerdo con las autoridades europeas.
También propone articular, en su caso, medidas que permitan sustituir el actual sistema por otros vigentes en otros países comunitarios, y adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para proteger el empleo y el futuro de un sector estratégico.
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