La Voz de Galica

La Xunta negociará en Bruselas que se aplace un año el bloqueo al naval

Pedirá que se igualen las ayudas en toda Europa y propondrá un «tax lease» único

La parálisis del sector naval gallego por la suspensión de las ayudas a la construcción de barcos avivó ayer el incendio político abierto el martes, tras conocerse que el Ministerio de Economía bloqueó el sistema de bonificaciones fiscales (tax lease) hasta que Bruselas resuelva la denuncia contra España interpuesta por Holanda, Noruega, Finlandia, Francia y Portugal.

PP, BNG, empresas y sindicatos denunciaron el martes la falta de apoyo del Gobierno central. Y ayer la Xunta optó por tomar la delantera y personarse directamente en la dirección general de la Competencia, el departamento que dirige el español Joaquín Almunia, encargado de investigar el caso, «si Madrid no reacciona».

El conselleiro de Industria, Javier Guerra, reunió en Santiago al clúster del sector y aseguró que el Ejecutivo de Feijoo pedirá directamente a la UE que aplace esta suspensión de las bonificaciones «al menos un año». La intención es que se puedan seguir utilizando las ayudas (bloqueadas solo en España, pero que sí funcionan en otros Estados), en tanto no se dirima si vulneran las leyes de libre competencia.

Javier Guerra solicitará que se estudie una fórmula de ayudas fiscales «homogénea para todos los países» y anunció que Galicia «propondrá su propio modelo».

En Madrid, el Ministerio de Economía guarda silencio, pese a que PP y BNG ya han solicitado la comparecencia parlamentaria de la ministra Salgado para explicar qué hará el Gobierno para desbloquear la situación. La Xunta cifra en 1.100 millones el impacto en Galicia de la medida, con la que peligran 35.000 empleos. Al menos cuatro contratos por un valor superior a los 500 millones están paralizados en tres astilleros de Vigo.

El delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, salió al paso de las protestas y manifestó que el Estado «debe presionar» y librar «todas las batallas necesarias» para defender el sector naval gallego. Aseguró que el ministro Miguel Sebastián «ya está presionando en Bruselas», aunque no especificó en qué sentido.

Barreras, que prepara un concurso, tiene dos contratos parados por la congelación de ayudas

Guerra, el clúster y los bancos se reúnen con Economía para buscar soluciones

El mayor astillero privado de España, el vigués Barreras, es uno de los más afectados por la paralización de las ayudas en España. Fuentes del consejo de administración reconocieron ayer que hay un contrato bloqueado con la armadora canaria Armas, para construir dos ferris crucero, por un valor próximo a los 276 millones de euros. Una segunda negociación en México se frenó por la misma situación. El constructor naval prepara un concurso de acreedores que será presentado en breve como fórmula para ganar tiempo ante la veintena de acreedores a quienes adeuda más de 50 millones de euros. La decisión se comunicó ayer al comité de empresa y es «la única salida» mientras no se despejan las dudas sobre el expediente del tax lease en Bruselas.

Barreras, inmerso en un ERE, mantiene a 136 trabajadores en plantilla, desde los 3.000 a los que llegó a emplear hace años. Ayer, el portavoz de Asociación metalúrgica Asime, Enrique Mallón, significó que el concurso de este astillero tendrá «consecuencias graves para las auxiliares del naval», y recordó que en los últimos meses más de 350 auxiliares han entrado en suspensión de pagos.

El presidente en funciones del clúster del naval, José Manuel Domínguez, demandó al Gobierno la creación de «mecanismos jurídicos seguros» para evitar «una paralización de nuevos contratos». En la reunión de Santiago, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, anunció una cita el viernes en Madrid con portavoces de los bancos, empresarios y la dirección general de Tributos, donde se intentarán negociar «garantías» para los barcos que actualmente están en construcción.

El hecho de que la investigación de Bruselas tenga un carácter retroactivo (el tax lease funciona desde el 2003) está provocando que los bancos quieran revisar sus condiciones para los buques que ahora mismo están en las gradas. «Perder estos contratos sería el final», comentó Guerra. El sector se quejó de que el Gobierno no haya contestado «con celeridad» al expediente de Bruselas (tiene tres mes para alegar). Y la Xunta se ha comprometido a trabajar con los empresarios en las alegaciones, para remitírselas «desde Galicia a los ministerios de Industria y Economía».

Además, la Xunta y el clúster mantendrán reuniones de seguimiento sobre esta crisis del naval cada diez días. En Vigo, el PP anunció una moción en el pleno para que el Concello inste al Gobierno central a intervenir a favor de los astilleros. Reclaman que se paralice esta suspensión y que el alcalde, el socialista Abel Caballero, medie con los ministerios de Industria y Economía para que actúen con la mayor celeridad posible. El regidor vigués, que admitió estar «preocupado» por la situación, afirmó también tener «constancia» de que el Ejecutivo está «trabajando en las posibles soluciones». Los sindicatos no descartan movilizaciones.

570 millones ?

Cartera en peligro. 4 contratos nuevos peligran. La Xunta habla de 1.100 millones con los buques en construcción.

35.000

Trabajadores afectados, Entre empleos directos e indirectos y contando también a las empresas auxiliares