Faro de Vigo

El naval de Vigo destruyó en los últimos tres años el 82% de sus puestos de trabajo

Astilleros e industrias auxiliares empleaban en el momento cumbre de la construcción de barcos, entre 2005 y 2008, a 11.625 personas

L. PIÑERO - VIGO El tsunami de la crisis apenas dejó supervivientes en el sector naval de la comarca de Vigo. Hace escasamente tres años los astilleros vigueses y la industria auxiliar naval vivían su récord histórico de construcción naval y del día a la noche todo se derrumbó como un castillo de naipes. El recuento de los daños todavía está por concretarse definitivamente, pero los primeros datos son alarmantes. Un astillero desapareció (MCíes) y otros tres se encuentran en concurso de acreedores (Factoría Naval, Vulcano y, en los próximos días Barreras). Esto provocó que de las 11.625 personas que trabajaban en el naval de la comarca de Vigo solo estén en estos momentos en activo 2.145 –un 81,55% menos–, mientras que otros 2.000 se encuentran en regulación temporal de empleo y que, si las cosas no mejoran en el cuarto trimestre del año, los ERE pasarán a ser de extinción.
Hasta ahora el problema de los astilleros vigueses estaba provocado por el desplome en los contratos y por las dificultades de financiación. A finales del año pasado saltó la alerta sobre un nuevo frente borrascoso para el sector: la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea sobre las bonificaciones fiscales que se aplican en la compra de barcos en España, conocidas como tax lease.
Durante los últimos meses la Administración española hizo oídos sordos a una advertencia que desde el pasado uno de julio se activó. Ese día Bruselas anunció el bloqueo del tax lease, lo que provocó de manera inmediata la paralización de todos los contratos que se encontraban en periodo de negociación.
La iniciativa partió de la Comisión Europea de la Competencia que preside el español Joaquín Almunia. La incertidumbre que planea ahora sobre el sector es que si esta paralización se aplicará sobre los nuevos contratos que se encuentran en periodo de negociación o también sobre las construcciones en curso. Los expertos aseguran que si afecta los contratos en vigor –los barcos que se encuentran en grada o en fase de armamento– la debacle será total porque el precio no tendrá nada que ver con el inicialmente pactado y sufriría un notable incremento.
Ahora no queda otra que el Gobierno español emprenda una ofensiva política sin precedentes, pero según los empresarios del sector los "irresponsables" del Ministerio de Industria están con los brazos cruzados.
Tanto los responsables de los astilleros como de la industria auxiliar demandan una reacción urgente antes de fin de mes, que es cuando finaliza el plazo de alegaciones a la suspensión.
El responsable del naval de UGT-Galicia, Manuel García, exigió esta semana al Gobierno central que actúe con "rigor" y que mantenga contactos "al más alto nivel" con las autoridades europeas. Sin embargo, lamentó que el Ejecutivo haya enviado a Bruselas para arreglar este asunto a Teresa Santero, "un personaje de tercer nivel", según el sindicalista.
El problema de la suspensión del tax lease provocó iniciativas del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del conselleiro de Industria, Javier Guerra. El primero trasladó a Joaquín Almunia su inconformidad por la medida que afecta a la línea de flotación de un sector de vital importancia para la industria gallega y al Ejecutivo central su implicación en el asunto "con la misma contundencia que lo hizo con el carbón".
Los responsables de los astilleros de la comarca de Vigo llevan tiempo reclamando "medidas sustitutorias" al tax lease mientras dure la investigación y como alternativa al actual sistema de bonificaciones fiscales en el caso de que Bruselas deniegue definitivamente este procedimiento.
El problema estriba en estos momentos en la duración de la investigación abierta por Bruselas. Cuanto más se alargue en el tiempo más dificultades tendrán los astilleros en cerrar nuevos contratos. "La situación se hace insostenible. La resolución de Bruselas debe ser inmediata, pero mientras tanto hay que buscar nuevas fórmulas como las que tienen en marcha el resto de países europeos –que no todas son similares– pero que permiten a sus astilleros presentar ofertas en condiciones competitivas", señala el responsable de un astillero vigués que prefiere el anonimato.
El sector de la construcción naval española tiene en estos momentos más de medio centenar de contratos en espera de su entrada en vigor, de los cuales 18 corresponden a astilleros vigueses, según puso de manifiesto esta semana Manuel García de UGT.
El problema que se plantea con el tax lesase arrastra a toda la industria auxiliar de la comarca de Vigo, que es la que realmente corre con el peso del empleo y de las suspensiones de pagos de los astilleros, que se elevan a 166 millones de euros.
El empleo
Las cifras de la caída de empleo son escandalosas. Los trabajadores que empleaban los astilleros en 2008 y en estos momentos (entre paréntesis) son los siguientes: Freire 800, en la actualidad 400; Armón 400 (140); Barreras 3.200 (135); Vulcano 1.300 (380); Metalships 1.400 (750)y Factoría Naval 1.200 (140). El resto de pequeños astilleros –Cardama, Armada, Varaderos Montenegro y Altovic– emplean a 80 trabajadores mientras que hace tres años esta cifra se elevaba hasta los 200.
Los empresarios de la industria auxiliar consideran que son las víctimas de las suspensiones de pagos y de unas quitas abusivas para el cobro de deudas que los deja en el peor de los escenarios: la quiebra.
El pasado viernes el conselleiro Javier Guerra reconoció ante los empresarios de la industria auxiliar del naval la difícil situación por la que atraviesan y señaló que los más de 80 millones de euros en avales concedidos a los astillero tienen una repercusión inmediata en la industria auxiliar.
La patronal del metal Asime reclamó al consellerio la necesidad de ir a un "nuevo modelo" en el sector naval, ya que la industria auxiliar "no puede soportar más suspensiones de pagos y más quiebras".
El IEN (Iniciativa Empresarial del Noroeste por Europa) exigió también ayer al Gobierno central que "acometa una acción ejecutiva real y resolutiva en defensa de los intereses del sector naval del país" ante la Comisión Europea.
El presidente de IEN por Europa, Manuel Pérez Pérez, ha recriminado que España "es la gran perdedora en el marco de las negociaciones sobre el futuro del sector en el conjunto de Europa" y que, pese a ello, "nadie ha sido capaz de hacer valer la trascendencia del sector para el mantenimiento y desarrollo económico del país", una cuestión que ha achacado a "la tibia" actitud del Ejecutivo central "a lo largo de los últimos 25 años".
El IEN considera que la paralización de las ayudas al sector naval en España, en virtud de las denuncias efectuadas por varios países de la Unión, "aboca al sector, como ha demostrado la reciente expediente de regulación de empleo del astillero vigués Barreras, a un callejón sin salida".