Expasión

Hay que frenar la sangría empresarial

El repunte de los concursos de acreedores en España en el primer semestre del año –un 31% más que en diciembre de 2010, hasta 3.379 empresas en suspensión de pagos– constituye un nuevo síntoma de preocupación.

El ahogamiento financiero es la principal causa de destrucción de empleo, por lo que la acentuación de los problemas de liquidez de muchas empresas puede suponer un freno a la relativa mejora de las cifras de paro en el mes junio.

Y es que a pesar de la caída del desempleo en 67.858 personas, el tercer dato mensual positivo, se produjo un descenso del número de afiliados a la Seguridad Social. Ni siquiera la reseñable aceleración del sector turístico consiguió frenar la destrucción de los contratos (5.600 menos que en mayo, rompiendo una racha positiva de tres meses), que hubiese sido diez veces mayor si descontamos la aportación de las empresas turísticas. Se certifica así que las empresas, sin ayuda financiera externa, son incapaces de generar empleo. Además, el sector público, que con cuentagotas es el único capaz de aumentar la contratación, tuvo también una aportación negativa en el último mes. Tras dispararse las contrataciones durante mayo –algo que según el propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se debió a la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales–, en junio parece haberse iniciado la senda de los recortes para cumplir con las exigencias de déficit. Unos ajustes que podrían llegar, en breve, a tener un impacto positivo en el talón de Aquiles de muchas empresas: la falta de financiación. Ante la pérdida de recaudación y para mantener su nivel de gastos, el sector público absorbió el poco crédito que ha estado fluyendo de las entidades financieras y drenando el que debía llegar a las pequeñas y medianas empresas, quienes crean la mayor parte del empleo. El descenso progresivo del recurso masivo al endeudamiento por parte de las distintas administraciones beneficiaría la financiación empresarial, como también la nueva línea de liquidez del ICO habilitada por el Gobierno para que los ayuntamientos paguen parte de las deudas con sus proveedores, hasta un máximo de 3.400 millones de euros. Esta cantidad, relevante sin duda, supone sin embargo sólo el 10% de las facturas impagadas por los municipios en los tres últimos años, aunque es un primer paso en la buena dirección.

Pero es necesario seguir implementando medidas de política económica para restañar los jirones del tejido industrial español y contribuir así a dinamizar la tímida recuperación del empleo. No caben ni más dilaciones ni conveniencias partidistas en esta tarea, a la que deberían contribuir los gobiernos de todo signo político.