La Xunta advierte de que el cambio fiscal para los astilleros supondría cancelación de los contratos
Feijóo y Guerra envían misivas a Zapatero y Sebastián alertándoles de que el naval "podría entrar en cierre o suspensión inmediata" si no se ataja ya el procedimiento que Bruselas abrió contra estas ayudas
L.PIÑERO - VIGO La amenaza de Bruselas de investigar el sistema fiscal del que disfruta los astilleros, ha hecho saltar todas las alarmas en Galicia donde se asienta el 60% de los constructores navales del Estado. El problema provocó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Industria, Javier Guerra, enviasen sendas misivas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Industria, Miguel Sebastián, instándoles a parar el procedimiento abierto por la Comisión Europea (CE), por la denuncia cursada por Holanda, para declarar como ayudas de estado ilegales los incentivos fiscales de amortización acelerada "tax lease" y los regímenes fiscales de las compañías navieras en función del tonelaje "tonnage tax", actualmente en vigor para la construcción de buques destinado al transporte marítimo.
El conselleiro de Industria advierte en su carta –a la que ha tenido acceso FARO– de que de no arbitrarse una rápida solución, que necesariamente tiene que pasar por conseguir el retraso de la mencionada apertura hasta lograr una solución satisfactoria. "La práctica totalidad de los astilleros se enfrentarían a una cancelación de las operaciones en curso y la inevitable entrada en concurso, ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos en ausencia de ingresos", señala
El conselleiro, informa a Sebastián que de verificarse la apertura del citado procedimiento por parte de la CE, "supondría la supresión inmediata de la actividad industrial del sector, desembocando en los correspondientes expedientes de cierre o suspensión, según los casos, y ello debido a la inseguridad jurídica en que quedaría el sistema". Y añade que los contratos actualmente en vigor hacen una previsión expresa de tal circunstancia, contemplando como efecto las suspensión de las mismas".
Guerra informa al ministro de Industria que en el momento actual se encuentran en construcción en astilleros españoles 63 barcos para la exportación con un valor superior a los 3.000 millones de euros con su correspondiente impacto social, localizados en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y en los archipiélagos de Canarias y Baleares, que están generando una actividad para más de 38.000 trabajadores.
En el caso de Galicia, el conselleiro explica que el impacto de la medida afectaría a 1.100 millones de euros y a más de 15.000 trabajadores altamente cualificados.
"Todo ello ha sido posible, no solo gracias al conocimiento, capacidad, esfuerzo e internacionalización del sector, sino que también ha mencionado un papel decisivo las mencionadas estructuras fiscales", indica Guerra en su escrito.
Según el responsable gallego de Industria, la mera iniciación del procedimiento sin tener pactada la resolución del mismo, "supondrá la muerte económica del sector, y, por supuesto, la supresión firme de las estructuras fiscales" por parte de la CE, "derivaría en la desaparición definitiva de la actividad naval en España".
Por su parte, fuentes del sector naval en Galicia recuerdan que los incentivos y regímenes fiscales que se aplican en España para la compra de buques destinados a la navegación marítima internacional "son similares a los que utilizan otros países de nuestro entorno", por ejemplo, Francia, que hace unos años debió modificar su sistema por indicación de la Comisión Europea. Añaden que "lo importante" es dejar claro que el "tax lease" no son ayudas a los astilleros, sino un régimen fiscal para la compra de buques destinados a la navegación marítima internacional.
Estas fuentes señalan que si fuera necesario un ajuste del régimen español, que éste "se realice con las máximas garantías". "Lo que pedimos, tanto constructores navales como armadores, es que esta adaptación normativa no genere, en ninguna circunstancia, una inseguridad jurídica que provoque la paralización de las ya exiguas contrataciones".
El conselleiro de Industria advierte en su carta –a la que ha tenido acceso FARO– de que de no arbitrarse una rápida solución, que necesariamente tiene que pasar por conseguir el retraso de la mencionada apertura hasta lograr una solución satisfactoria. "La práctica totalidad de los astilleros se enfrentarían a una cancelación de las operaciones en curso y la inevitable entrada en concurso, ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos en ausencia de ingresos", señala
El conselleiro, informa a Sebastián que de verificarse la apertura del citado procedimiento por parte de la CE, "supondría la supresión inmediata de la actividad industrial del sector, desembocando en los correspondientes expedientes de cierre o suspensión, según los casos, y ello debido a la inseguridad jurídica en que quedaría el sistema". Y añade que los contratos actualmente en vigor hacen una previsión expresa de tal circunstancia, contemplando como efecto las suspensión de las mismas".
Guerra informa al ministro de Industria que en el momento actual se encuentran en construcción en astilleros españoles 63 barcos para la exportación con un valor superior a los 3.000 millones de euros con su correspondiente impacto social, localizados en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y en los archipiélagos de Canarias y Baleares, que están generando una actividad para más de 38.000 trabajadores.
En el caso de Galicia, el conselleiro explica que el impacto de la medida afectaría a 1.100 millones de euros y a más de 15.000 trabajadores altamente cualificados.
"Todo ello ha sido posible, no solo gracias al conocimiento, capacidad, esfuerzo e internacionalización del sector, sino que también ha mencionado un papel decisivo las mencionadas estructuras fiscales", indica Guerra en su escrito.
Según el responsable gallego de Industria, la mera iniciación del procedimiento sin tener pactada la resolución del mismo, "supondrá la muerte económica del sector, y, por supuesto, la supresión firme de las estructuras fiscales" por parte de la CE, "derivaría en la desaparición definitiva de la actividad naval en España".
Por su parte, fuentes del sector naval en Galicia recuerdan que los incentivos y regímenes fiscales que se aplican en España para la compra de buques destinados a la navegación marítima internacional "son similares a los que utilizan otros países de nuestro entorno", por ejemplo, Francia, que hace unos años debió modificar su sistema por indicación de la Comisión Europea. Añaden que "lo importante" es dejar claro que el "tax lease" no son ayudas a los astilleros, sino un régimen fiscal para la compra de buques destinados a la navegación marítima internacional.
Estas fuentes señalan que si fuera necesario un ajuste del régimen español, que éste "se realice con las máximas garantías". "Lo que pedimos, tanto constructores navales como armadores, es que esta adaptación normativa no genere, en ninguna circunstancia, una inseguridad jurídica que provoque la paralización de las ya exiguas contrataciones".
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