Balance del 2010 Galicia perdió 4.500 empresas el año en que la comunidad salvó sus cajas
La sacudida industrial del peor momento de la crisis alteró a una veintena de firmas gallegas emblemáticas
El peor ejercicio de la crisis pilló al sector empresarial gallego despertando de la pesadilla deslocalizadora en la que se convirtió el año 2009. Durante aquellos doce meses, en Galicia saltó por los aires la primera inmobiliaria del país (Fadesa), Unión Fenosa se entregó al capital catalán de Gas Natural, la autopista cayó en manos de la banca neoyorquina Citigroup, y Caixa Galicia se salió del capital de Ence.
Ahora, la comunidad cierra el 2010 con algo más de 195.000 parados, 4.500 empresas menos y 960 expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectaron en total a cerca de 10.000 trabajadores. Las 203.374 sociedades activas en enero del 2009 se han quedado en 198.874 a diciembre de este año. La autonomía no logró sacudirse de crisis como la del sector lácteo o la pesca. Pero a cambio consiguió salvar la que sin lugar a dudas era su mayor amenaza: la posibilidad de perder sus dos cajas de ahorros, víctimas de la irremediable sacudida del sector financiero.
Dieciocho meses de negociaciones intensas (arrancaron a mediados del 2009) hicieron viable un acuerdo in extremis entre Caixanova y Caixa Galicia. Sin duda es la noticia empresarial del año, de la década y, posiblemente, también de la historia gallega. La nueva entidad, Novacaixagalicia, nació el 1 de diciembre con tres millones de clientes y 110.000 millones de euros en depósitos, para convertirse en la quinta caja española, o la tercera si se descuentan aquellas que, en su recomposición, han terminado bancarizándose.
Ha sido imposible rubricar este emblemático acuerdo sin cicatrices. La unión se cobrará 1.200 empleos en forma de prejubilaciones, cerrará 300 sucursales y, sobre todo, alterará sustancialmente la prolija cartera industrial de las cajas.
Las primeras secuelas han sido sonadas. Pero son solo el preámbulo de una desinversión que se prevé masiva. Hasta 12.900 millones de euros tendrán que recuperar las cajas en su nueva andadura a base de ventas, tanto de acciones como de sucursales (con su negocio y plantilla incluidos). Tienen únicamente tres años para hacerlo.
R pierde su galleguidad
De momento, los cambios han provocado que la emblemática firma de telecomunicaciones R deje de ser gallega. El fondo británico CVC Capital Partners adquirió el 70% de la compañía en dos operaciones: en abril pagó 157 millones y barrió del consejo de administración a todos los pequeños accionistas gallegos que, juntos, copaban el 35% de la compañía. Y en noviembre le pagó la misma cantidad a Caixanova (más un plus de 18 millones) por el 35% que todavía mantenía la caja viguesa en la operadora de cable.
Pescanova resiste
De momento, los cambios han provocado que la emblemática firma de telecomunicaciones R deje de ser gallega. El fondo británico CVC Capital Partners adquirió el 70% de la compañía en dos operaciones: en abril pagó 157 millones y barrió del consejo de administración a todos los pequeños accionistas gallegos que, juntos, copaban el 35% de la compañía. Y en noviembre le pagó la misma cantidad a Caixanova (más un plus de 18 millones) por el 35% que todavía mantenía la caja viguesa en la operadora de cable.
Pescanova resiste
Las cajas también se han desprendido de un 0,4% de Pescanova, pero ha sido una venta técnica , para dejar su participación en la alimentaria viguesa por debajo del 30%, un listón que de ser rebasado obligaría a Novacaixagalicia a lanzar una opa por la totalidad de la compañía antes del próximo verano.
Cambio drástico en Reganosa
Donde sí han cedido posiciones las cajas es en Reganosa, otro emblema energético de la comunidad autónoma que la Xunta se esfuerza por mantener en manos gallegas a toda costa.
El fondo australiano First State, integrado en el Commonwealth Bank, firmó en julio un acuerdo de compra vinculado a todas las participaciones en venta: el 21% del que pretendía desprenderse Endesa, el 5% del Banco Pastor, el 10% de Caixa Galicia y el 5% de Caixanova. Al final la Xunta y el grupo Tojeiro blindaron la «galleguidad» de la regasificadora ferrolana tras hacerse con los paquetes de Endesa y el Pastor, mientras que los australianos se conformaron con sentarse en el consejo de Reganosa con las acciones de las dos cajas.
Una veintena de afectados
Caixanova, Caixa Galicia, R, Pescanova o Reganosa no fueron las únicas que sufrieron cambios este año. Hasta una veintena de grupos han tenido movimientos importantes, algunos para venderse, otros para recapitalizarse, los menos para crecer comprando y varios para desaparecer. Un grupo mexicano, Mezgo Inversiones, insufló liquidez en la conservera Ramón Peña, donde tomó el control haciéndose con un 60% de la firma. Otra pionera del mismo sector en Galicia, Alfageme, vive sus últimos días, tras meses de inactividad.
La principal comercializadora de la pizarrera Cupa dejó Galicia para trasladar su sede a Ponferrada. La estadounidense de automoción BorgWarner retomó la actividad en Vigo de la antigua Dayco. El gigante chino Citic ultimó la compra de Censa en O Porriño. Y en el textil, Montoto se reestructuró para hacer frente a la crisis reduciendo un 75% su plantilla. Caramelo también afrontó su viabilidad con dureza.? Más proactivos, algunos grupos se posicionaron como compradores en plena crisis. La gallega Terras Gauda se hizo con una bodega en Ribera del Duero, CZ Veterinaria compró la planta de la sueca de Astra Zéneca en O Porriño; Hijos de Rivera adquirió la asturiana Agua de Cuevas; y Gas Natural absorbió a la viguesa Bluemobility.
Los trabajadores afectados por expedientes de empleo en Galicia bajan a la mitad
Los sindicatos de PSA presentan mañana a la dirección sus contrapropuestas al ERE temporal
J.C. - VIGO Las empresas gallegas presentaron en 2010 un 20% menos de expedientes de regulación de empleo que un año antes, según estadísticas facilitadas por la Consellería de Traballo. A falta de los datos correspondientes a los últimos quince días del año, en 2010 se presentaron en la comunidad gallega 963 expedientes de regulación de empleo, casi 250 menos que en 2009. El número de trabajadores afectados cayó casi a la mitad, al pasar de 20.001 hace dos años a 11.560 hasta el pasado 15 de diciembre.
De los 963 EREs presentados en 2010, la provincia de Pontevedra acaparó 486, con lo que vuelve a ser la más afectada por los ajustes de empleo. En A Coruña hubo 338; en Ourense, 50, y en Lugo, 79. Los expedientes de suspensión temporal vuelven a ser mayoría. De los 11.560 trabajadores afectados en 2010 por ajustes de empleo, 9.343 sufrieron EREs temporales; 973, de reducción de jornada, y 1.344, de extinción (perdieron el trabajo).
Mañana martes está previsto que la dirección de PSA Peugeot Citroën en Vigo y los sindicatos se reúnan para abordar el ERE que la planta quiere presentar para los próximos dos años. El centro planteó el pasado diciembre la necesidad de un ERE suspensivo de sesenta días para este año y el próximo por la previsible caída de la producción, sobre todo en el Sistema 2 de la factoría, el que ensambla los monovolúmenes. Los sindicatos urgen otras medidas como rebajar cadencia y turnos polivalentes.
La creación de empresas aumenta en la comunidad por primera vez desde 2006
La desaparición de sociedades mercantiles volvió a crecer en el conjunto del año aunque en diciembre experimentó el mayor descenso del Estado
LUI COSTAS - VIGO La recuperación económica es lenta aunque parece haber arrancado, a juzgar por las estadísticas de constitución de nuevas empresas del año que acaba de terminar. La creación de sociedades mercantiles aumentó cerca de un 6% en Galicia durante el año pasado, que cerró con 4.109 nuevas compañías. El cambio de tendencia se produce tras tres descensos consecutivos registrados en 2007 (-3,9%), 2008 (-19,3%) y 2009 (28,9%) .
Y es que los emprendedores crearon 231 empresas durante 2010, un 5,96% más que en el ejercicio anterior, un incremento muy superior a la media estatal (1,14%), pero todavía a años luz de los máximos registrados en Madrid, que constituyó 17.446 sociedades mercantiles, un 8,61% más que en 2009; Cataluña (14.406) o Andalucía (10,46%) según los resultados del informe de Demografía Empresarial 2010 realizado por la consultora D&B.
El informe advierte un crecimiento muy débil en el conjunto de España respecto a las cifras registradas por ejemplo en 2006 (150.107 constituciones de empresas) que, sin embargo, permite hablar ya de un “cambio de tendencia” iniciado en realidad a partir de marzo del año pasado, cuando se registró el primer crecimiento del año. La creación de empresas continuó al alza ininterrumpidamente hasta el mes de octubre, pero volvió a caer ese mes y también los dos siguientes, lo que compensó las cifras del resto del año y provocó que crecimiento global del año fuese tan exiguo.
Cierre del año
La constitución de sociedades mercantiles tuvo en Galicia un comportamiento distinto en el último mes del año, cuando la comunidad se convirtió en la tercera de España con un mayor aumento porcentual, de un 11,26%. Si en diciembre de 2009 se habían creado 302 sociedades mercantiles frente a las 336 constituidas el mes pasado. Sólo Baleares (21,76%) y Aragón (14,73%) tuvieron un crecimiento superior, aunque sólo en términos relativos porque en términos absolutos, si en Galicia se crearon 34 empresas más en diciembre de 2010 que en el mismo mes de 2009, en Baleares se constituyeron 37 más y 19 más en Aragón.
El buen dato de la creación de empresas se complementa además con el descenso de los cierres de compañías. Galicia es la comunidad autónoma que menos empresas disolvió el pasado mes de diciembre, 19, con una caída del 13,67% y que contrasta sin embargo con el incremento anual. En todo 2010 cerraron en Galicia 210 compañías, un 17,7% más que el año anterior.
Lo que no ha crecido por su parte es el capital destinado a la constitución de esas sociedades, que en Galicia se redujo un 2,29%, a pesar de que el conjunto del Estado arroja un crecimiento espectacular, próximo al 60%. La caída al comparar los meses de diciembre de los dos años es todavía más acusada en la comunidad, donde se produjo un descenso de la inversión del 32,2%.
Y es que los emprendedores crearon 231 empresas durante 2010, un 5,96% más que en el ejercicio anterior, un incremento muy superior a la media estatal (1,14%), pero todavía a años luz de los máximos registrados en Madrid, que constituyó 17.446 sociedades mercantiles, un 8,61% más que en 2009; Cataluña (14.406) o Andalucía (10,46%) según los resultados del informe de Demografía Empresarial 2010 realizado por la consultora D&B.
El informe advierte un crecimiento muy débil en el conjunto de España respecto a las cifras registradas por ejemplo en 2006 (150.107 constituciones de empresas) que, sin embargo, permite hablar ya de un “cambio de tendencia” iniciado en realidad a partir de marzo del año pasado, cuando se registró el primer crecimiento del año. La creación de empresas continuó al alza ininterrumpidamente hasta el mes de octubre, pero volvió a caer ese mes y también los dos siguientes, lo que compensó las cifras del resto del año y provocó que crecimiento global del año fuese tan exiguo.
Cierre del año
La constitución de sociedades mercantiles tuvo en Galicia un comportamiento distinto en el último mes del año, cuando la comunidad se convirtió en la tercera de España con un mayor aumento porcentual, de un 11,26%. Si en diciembre de 2009 se habían creado 302 sociedades mercantiles frente a las 336 constituidas el mes pasado. Sólo Baleares (21,76%) y Aragón (14,73%) tuvieron un crecimiento superior, aunque sólo en términos relativos porque en términos absolutos, si en Galicia se crearon 34 empresas más en diciembre de 2010 que en el mismo mes de 2009, en Baleares se constituyeron 37 más y 19 más en Aragón.
El buen dato de la creación de empresas se complementa además con el descenso de los cierres de compañías. Galicia es la comunidad autónoma que menos empresas disolvió el pasado mes de diciembre, 19, con una caída del 13,67% y que contrasta sin embargo con el incremento anual. En todo 2010 cerraron en Galicia 210 compañías, un 17,7% más que el año anterior.
Lo que no ha crecido por su parte es el capital destinado a la constitución de esas sociedades, que en Galicia se redujo un 2,29%, a pesar de que el conjunto del Estado arroja un crecimiento espectacular, próximo al 60%. La caída al comparar los meses de diciembre de los dos años es todavía más acusada en la comunidad, donde se produjo un descenso de la inversión del 32,2%.
GALICIA PERDIO UN 2,3% DE SUS AUTONOMOS DURANTE EL 2010
La comunidad gallega fue el pasado año, tras Murcia y Valencia, la tercera en la que más han descendido los autónomos, un 2,3 por ciento, en total 5.208 menos, de acuerdo con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores autónomos. El número de trabajadores autónomos decreció el pasado año en todo el país en un 1,8 %, al pasar de los 3.162.336 registrados en diciembre de 2009 a los 3.104.248 en el mismo mes de 2010, según esta federación.
Esta cifra de descenso muestra una ralentización de la pérdida de empleo autónomo con respecto a 2009, año en el que el decrecimiento registrado fue del 4,7 %, 156.851 trabajadores menos frente a 58.088 en 2010.
A excepción de Ceuta y Melilla, todas las provincias españolas vieron bajar el número de autónomos durante el pasado ejercicio, con Murcia a la cabeza, donde la caída fue del 3,7 %.
LOS DUEÑOS DE ALFAGEME NIEGAN DESVIOS DE FONDOS
Los propietarios de la empresa conservera Alfageme, la familia Lago (a través de la inmobiliaria Promalar), niegan haber sustraído indebidamente fondos de la conservera, pese a la demanda recientemente presentada por los administradores concursales. La inmobiliaria recibió transferencias por valor de 11,8 millones de euros de su filial entre mayo y diciembre de 2008 por un crédito anteriormente concedido a la conservera. Esas transferencias, que para el sindicato CIG son una muestra de una supuesta financiación irregular de la inmobiliaria, vaciaron, según los administradores concursales, "los activos de la concursada [Alfageme] en perjuicio de los demás acreedores". En la denuncia, los administradores solicitan que el juez declare "ineficaces", esos pagos.
Los propietarios de la conservera sostienen, sin embargo, que la demanda no se fundamenta en desvío de fondos: "Es falso. Promalar realizó préstamos a Alfageme y ésta le devolvió el 25% mientras que otros acreedores se reembolsaban el 100% y no aparecen demandados por esta administración concursal".
La familia propietaria insiste en que el agujero de la conservera no se debe a una mala gestión ni al afán especulativo por vender los terrenos que ocupan las fábricas. Y culpabilizan de todo ello a la CIG, la banca y al actual conselleiro de Industria.
Martinsa Fadesa logra los apoyos para salir de la mayor suspensión de pagos
El 51% de sus acreedores aprueba un plan para pagar 6.900 millones de deuda
E.P. - MADRID Martinsa Fadesa superará esta semana con toda probabilidad el concurso de acreedores en el que está inmersa desde julio de 2008, el mayor de la historia empresarial española, dado que la inmobiliaria se declaró insolvente con un pasivo de 7.000 millones de euros.
La compañía controlada y presidida por Fernando Martín se sumará así a otras grandes firmas del sector, como Llanera y Habitat, que también consiguieron superar los concursos a los que se vieron abocadas después de que a finales de 2007 se iniciara la crisis inmobiliaria y económica.
En el caso de Martinsa, este martes 4 de enero concluye el plazo para que los acreedores manifiesten su adhesión al plan que la empresa diseño para pagar sus deudas.
Este plan cuenta ya con el voto favorable del más del 51% de los acreedores, según indicaron fuentes conocedoras del proceso, con lo que supera ampliamente el porcentaje necesario del 50% que garantiza su aprobación.
Este porcentaje se eleva a una media del 62,45% en el caso de las cinco filiales de grupo que también se declararon en concurso, en las que las aceptaciones oscilan entre el 60,4% y el 7,32%.
La aprobación de un convenio de acreedores constituye el paso definitivo para que una empresa supere la tutela judicial y, por tanto, la suspensión de pagos.
No obstante, el auto del Juzgado Mercantil de A Coruña declarando la superación del concurso de Martinsa Fadesa se demorará aún unas semanas, previsiblemente hasta medidos de febrero, una vez se cumplan los preceptivos plazos para el recuento de adhesiones y presentación de eventuales alegaciones.
Martinsa Fadesa cuenta con activos valorados en 7.264,6 millones de euros para atender a la deuda de 6.900 millones de euros que soporta, según el informe que la administración concursal elaboró sobre la empresa.
Las auxiliares se ven asfixiadas por los 115 millones que le adeudan los astilleros
La patronal del Metal confía en el que en el primer trimestre se consigan pedidos de nuevas construcciones que palien la situación
L. PIÑERO - VIGO La deuda de los astilleros vigueses con las industrias auxiliares del sector naval está acelerando la cascada de expedientes de regulación de empleo (ERE) de los últimos días, según reconocieron fuentes del sector. Esta deuda se eleva a 115 millones de euros y está provocando la asfixia económica de muchas pequeñas empresas que no puede acometer nuevos proyectos ni hacer frente a la compra de material ni al pago de las nóminas de sus trabajadores.
Como informó ayer FARO, más de medio centenar de empresas auxiliares del naval han presentando ERE para un total de 1.162 trabajadores. La situación podría empeorar el próximo año si en el primer trimestre no se cierran nuevos contratos.
El director general de Asime, Enrique Mallón, confía en que “los astilleros de la comarca puedan contratar nuevas construcciones en las próximas semanas” y aseguró que el momento es favorable “porque el precio del petróleo está rozando los 100 dólares el barril y eso beneficia a la especialidad de la ría de Vigo que es la construcción de buques offshore”.
Aún así, el representante de la patronal de Metal reconoce que no va a ser nada fácil dado que “en el segundo semestre de este año no se ha contratado ni solo barco nuevo”.
Mallón denunció que las industrias auxiliares están teniendo importantes dificultades para conseguir financiación de las entidades bancarias y reclamó a estas que “apoyen este sector que durante muchos años aportó grandes beneficios a Vigo y a su área de influencia”.
Fondo Patrimonial
El director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, indicó ayer a este periódico que la Consellería está trabajando en la creación del Fondo Patrimonial del Naval, conjuntamente con el Igape, Pymar, la Gerencia del Sector Naval y la patronal de los astilleros Uninave, para que la industria auxiliar logre afianzamientos y líneas específicas de créditos.
Tahoces cree que en las próximas semanas se podrá alcanzar un acuerdo entre las cinco partes para “ayudar a la industria auxiliar a superar el bache en el que se encuentra por la falta de pedidos y las dificultades de financiación”.
El director general de Industria adelantó también que la Mesa del Diálogo Social del Metal, en la que participan la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Asime, los sindicatos y la Consellería de Industria, se reunió el pasado lunes con carácter de urgencia para hacer frente a la situación creada en la industria auxiliar del naval.
“Estamos poniendo en marcha un importante paquete de medidas para atajar esta situación, pero por el momento no podemos hacerlas públicas”, afirmó Tahoces. Entre estas medidas estarían la implantación de la credencial del naval y el sello del naval, aspectos de certificación de calidad del sector en los que se lleva trabajando desde hace un tiempo.
Asime, por su parte, mantiene contactos comerciales con Brasil, Rusia y la India para buscar carga de trabajo para las industrias auxiliares del naval y de la metalurgia en general. Además, prepara una nueva misión empresarial a Marruecos.
En enero también se certificarán con el sello EN-9100 a diez empresas del naval para que puedan acceder al mercado aeronáutico.
Por su parte, el responsable del naval de CC OO, Ramón Sarmiento, avisó de la “urgencia” de nuevos contratos porque, según él, sino se cierran a muy corto plazo no se iniciaría ninguna nueva construcción en 2011 por falta de tiempo. La contratación de pesqueros por parte de los armadores a los astilleros vigueses supondría para Sarmiento “solo un pequeño parche”.
Casi medio centenar de auxiliares del naval vigués aplican un ERE temporal para 1.162 trabajadores
Un total de 46 contratistas de los astilleros tienen aprobado un expediente para toda su plantilla hasta un máximo de 180 días en 2011
L. PIÑERO - VIGO Estaba anunciado que el primer trimestre de enero sería muy difícil para la industria auxiliar naval de la comarca de Vigo. La realidad no se ha hecho esperar. Según las cifras que maneja la Xunta, hasta el 15 de diciembre se han aprobado ERE para 46 empresas del sector que tienen un total de 1.162 trabajadores. La mayoría de estas empresas tienen en sus plantillas entre 40 y 80 empleados. Esto significa que el 80% de las firmas contratistas de los astilleros se han acogido a expedientes de regulación.
El drama de la pérdida de empleo en la construcción naval no termina ahí. El secretario comarcal del Metal de CC OO, Ramón Sarmiento, explica que hay otras muchas subcontratistas afectadas, pero que es difícil que esos datos salgan a la luz por tratarse de empresas muy pequeñas, con pocos trabajadores y que, en la mayoría de los casos, tienen contratos eventuales. A esto habrá que añadir los expedientes de regulación que se hayan aprobado en los últimos quince días de diciembre y que la Xunta todavía no ha confirmado oficialmente.
Las previsiones para el primer trimestre de 2011 empeoran el panorama del naval vigués. De hecho, se teme que en los primeros quince días de enero el número de trabajadores afectados por ERE en la industria auxiliar del naval se multiplique por dos. Es decir, que superen los 2.300.
Al menos tres expedientes de los 46 contabilizados hasta mediados de septiembre no están registrados en la Xunta porque estas empresas viguesas trabajan fuera de la comunidad, principalmente en Asturias. En este caso, los expedientes en los que están implicadas varias comunidades autónomas -como ocurre con Montajes Ramallo, Llomara y Montajes Hermanos Rodríguez Ramallo- se tramitan directamente en el Ministerio de Industria.
Además los ERE afectan a otras firmas que no están encuadradas directamente en el naval porque también realizan actividades para otros sectores como son las de servicios de mantenimiento, servicios auxiliares, frigoríficos a aislamientos térmicos.
La situación que está viviendo la industria auxiliar viene provocada por la falta de nuevos pedidos en los grandes astilleros vigueses, que son lo que más tiran de la mano de obra de la industria auxiliar.
Ramón Sarmiento espera que la situación sea "coyuntural" y cree que la actividad de las industrias auxiliares puede empezar a recuperarse a partir del segundo trimestre "si realmente se firman los contratos que en estos momentos se están negociando".
Además de la falta de carga de trabajo, las auxiliares se enfrentan a impagos por parte de los astilleros que las están asfixiando. El detonante de toda esta situación fueron las ampliaciones de pagos solicitadas hace unas semanas por algunos astilleros a las industrias auxiliares para extender a 220 días de los plazos de pago. En otros casos no se llegaron a entregar los documentos de pago por los trabajos realizados.
Estos atrasos se unen a la suspensiones de pagos de Factoría Naval de Marín y de Vulcano, además de la situación de liquidación el astillero M.Cíes.
Desde la patronal Asime se advirtió de que si esta situación continúa así, muchas de las auxiliares se verían abocadas a su vez a presentar suspensiones de pagos y no descarta que en algunos casos extremos se tengan que solicitar la liquidación de la empresa.
Aunque las auxiliares del naval consigan cobrar las deudas pendientes, necesitan también acceder a financiación bancaria que por el momento no se le está poniendo nada fácil.
Desde Asime se pretende es que a estas empresas se les faciliten instrumentos, e incluso líneas de financiación públicas específicas, para que puedan sobrevivir.
La patronal del Metal apuesta por la reparación naval en el caso de que la cartera de pedidos de los astilleros siga cayendo en picado. Ante esta situación, algunas empresas auxiliares han optado por diversificar su actividad y han comenzado a trabajar para otros sectores como el agroalimentario, el químico o la automoción.
El Proyecto de Ley de Reforma Concursal. La solución propuesta por el Gobierno
Tal y como había anunciado el RDL 3/2009, la crisis económica ha puesto a prueba una Ley Concursal primigenia que construida con escasos antecedentes, 1922, de suspensión de pagos y situaciones del siglo XIX, poniendo en evidencia la necesidad urgente de acometer una reforma en profundidad y de carácter generalizado de aquel texto.
La solución se ha realizado a través de 97 entradas, modificaciones parciales a lo largo de todo el articulado del texto vigente, recorriendo una parte significativa de la misma. No obstante no parece que el texto presente un formato razonablemente adecuado para atender las necesidades y expectativas de las soluciones concursales que se están viviendo, en particular, sería de desear que el debate parlamentario permitiese incorporar modificaciones sustanciales en no pocas partes de la reforma propuesta. El Consejo General de Colegios de Economistas, a través de su órgano especializado el REFor-CGCEE y los diferentes Colegios de Economistas en el marco de sus foros de ejercicio concursal han ido desgranando un conjunto de reflexiones y opiniones respecto de lo que debería de abordar esta reforma y si tuviésemos que resumir en dos referencias críticas los pilares de la misma, quizá se podría hacer en términos de:
1.- En primer lugar llamar la atención sobre la necesidad de abordar el artículo 5 de una forma diametralmente diferente a la que se ha hecho tanto en 2003 como en 2009, como de la que se deduce la respuesta contenida en el proyecto. Quizá estamos en uno de los Talones de Aquiles de una solución que no ha venido a atender el principal problema que se pretendía atajar cual es el de conseguir caminos de viabilidad de las empresas en crisis, y se necesite profundizar en los institutos preconcursales, acuerdos de refinanciación o propuestas anticipadas de convenio.
2.- En segundo lugar habría que abordar en profundidad el problema de los grados de libertad para llegar a acuerdos de viabilidad frente a los de liquidación de compañías y aquí tampoco parece que el gobierno se haya atrevido a incorporar situaciones compulsivas que lo haga imposible.
Como decíamos, la discursión parlamentaria se espera a partir de febrero, quizá permita poner en escena a través de soluciones técnicas concretas estos dos pilares básicos, por llamarlos de alguna forma, sobre los que debería pilotar el esfuerzo legislativo a acometer.
Se incorpora el texto del proyecto a la vez que a los efectos de su mejor manejo se está construyendo una herramienta de seguimiento por parte del REFor-CGCEE, de cuadro sinóptico, del texto vigente y de la propuesta contenida en el diseño gubernamental.
Os enviamos el texto oficial que remitió la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia al Consejo General de Colegios de Economistas ayer día 27 de diciembre.
EL GOBIERNO ELIMINARA LAS BARRERAS PARA QUE LA BANCA FINANCIE A EMPRESAS CON PROBLEMAS
La nueva reforma de la Ley Concursal que ha estudiado hoy el Consejo de Ministros eliminará los "elementos disuasorios" para que la banca refinancie deudas y aporte nueva liquidez a empresas en dificultades, con el objetivo de que eviten el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Así lo ha asegurado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la explicó que la nueva legislación tiene como objetivo favorecer los acuerdos extrajudiciales como "alternativa" a los procesos de insolvencia. De esta manera, se permitirá que "quienes están en condiciones de refinanciar, fundamentalmente las entidades financieras", puedan imponer al resto de los acreedores de una empresa un acuerdo de refinanciación de deuda, con el objetivo de "participar y ayudar" a la continuidad empresarial.
Esa imposición, que exigirá el apoyo de acreedores financieros que ostenten el 75% de las deudas y que un experto certifique la viabilidad de la sociedad, permitirá "salvar el impedimento que puedan tener pequeñas minorías", ha dicho Caamaño. El bloqueo de las refinanciaciones por parte de acreedores disidentes lleva en la actualidad a que las empresas en dificultades tengan inevitablemente que presentar concurso de acreedores. Además, el anteproyecto de Ley Concursal también contempla ampliar las garantías de cobro a las entidades financieras que concedan nueva financiación a las empresas en dificultades, ya que el 50% de esas aportaciones tendrán prioridad en el pago si la sociedad llega a entrar en concurso.
El ministro de Justicia ha admitido que, hasta ahora, las entidades no se arriesgan a dar nueva liquidez "porque pueden correr el riesgo de que ese dinero no sea recuperado", con lo que esta medida quita "elementos disuasorios y permite mayor fluidez crediticia a las empresas". Caamaño ha expuesto que, "hasta ahora, el concurso era entendido como una situación terminal, como un momento en el que estábamos ante el fracaso de los proyectos empresariales" pero ha asegurado que la nueva reforma de la Ley Concursal "abre la oportunidad de que pueda mantenerse en el tiempo un proyecto negociando con acreedores u obteniendo refinanciaciones" de deuda.
Agilizar procedimientos y reducir costes
La reforma de la Ley Concursal -que ya fue modificada en marzo de 2009 de forma "urgente y parcial" y que ahora será remitida a los órganos consultivos antes de pasar de nuevo por Consejo de Ministros- también trata de agilizar y mejorar los procedimientos para ahorrar costes y descongestionar los juzgados. Así, se potenciarán los procedimientos abreviados, en los que se incluyen el 78% de las sociedades que entran en concurso de acreedores, señaló Caamaño.
También se reformará el estatus de los administradores concursales, que son los que gestionan las empresas insolventes y que con la nueva norma se busca que tengan mayor grado de profesionalización. Así, los jueces mercantiles podrán nombrar a un solo administrador concursal para cualquier tipo de procedimiento, en vez de los tres actuales, siempre que ese administrador concursal único sea una sociedad.
El endeudamiento del sector privado de la comunidad pasa de los 69.395 millones de hace un año a los 69.283 de ahora
O las entidades financieras dan menos créditos que antes o las familias y las empresas los piden con menos asiduidad que hace años. O ambas ideas a la vez. Lo que sí esta claro es que por primera vez –los datos del Banco de España arrancan en 1987– los gallegos deben menos dinero a las cajas y a los bancos que hace un año. Y no es que ahora ahorren más que antes, ya que la actual situación económica no lo permite. Salvo en dos comunidades, País Vasco y Aragón, las obligaciones crediticias también han bajado. Mientras, en Pontevedra han subido, y las familias y empresas de la provincia ya deben más de 26.500 millones, un 0,6% en tasa interanual.
Sin embargo, la restricción del crédito por parte de las entidades financieras y el miedo a la crisis y sus consecuencias, y a no poder hacer frente a los pagos, han provocado que los gallegos reduzcan su endeudamiento por primera vez en la historia.
Nunca antes, y los datos que maneja el Banco de España parten de 1987, las familias y empresas de la comunidad habían disminuido la deuda que tienen con las cajas de ahorros y los bancos de un año para otro. Sí que lo habían realizado entre trimestres en los últimos dos años, como consecuencia de la recesión, pero nunca había sucedido de un año para otro.
Las cifras que acaba de hacer públicas el regulador nacional sobre la deuda del sector privado muestran el saldo de los créditos que tienen contraídos tanto las familias como las empresas con las cajas, los bancos y otros establecimientos financieros.
600 millones menos
Este saldo alcanzó una cifra hasta el pasado mes de septiembre de 69.283 millones de euros. Es un 0,9% menos que en el trimestre anterior y un 0,7% menos que en septiembre de 2009. En ambos casos la variación es de poco más de 600 millones de euros, pero la restricción del crédito y el miedo a la crisis están marcando las inversiones del sector privado de la comunidad, que se están reduciendo.
Muy lejos quedan los crecimientos de dos dígitos de los últimos años: 24% de 2004 a 2005; 23% de 2005 a 2006; 16% de 2006 a 2007 o 12% de 2007 a 2008. De 2008 a 2009 el aumento del endeudamiento ya había sido muy escaso, 1,9%, y en este último ejercicio ha caído un 0,7%.
De los 69.283 millones que deben los gallegos, 36.115 (el 52,2%) se lo adeudan a las cajas de ahorros; 32.805 (47,3%) a los bancos, y 363 (0,5%) a las cooperativas de crédito. A nivel nacional, los españoles debían algo más de 1,7 billones de euros (la cifra también ha caído con respecto al año anterior) hasta el pasado mes de septiembre. De ellos, 849.000 los habían solicitados a las cajas de ahorros y 832.000 a los bancos. A las cooperativas de créditos sólo 96.714 millones.
En el desglose por provincias a nivel autonómico, A Coruña sigue siendo un año más la más hipotecada con un importe de 32.266 millones de euros, seguida de Pontevedra, con 26.564 millones; Lugo, con 5.411, y Ourense, con 5.040. En tasa interanual, sólo la de Lugo disminuyó la deuda que tenía. En A Coruña creció un 0,2%; en Pontevedra, un 0,6%, y en Ourense, un 3,4%.
Por entidades, los bancos fueron los que más préstamos concedieron a los coruñeses con un total de 15.241, mientras que las cajas otorgaron 14.516 millones y las cooperativas de crédito, 38. En Pontevedra, los bancos también aportaron más (16.099 millones) que las cajas (15.799).
Los datos del Banco de España referentes al endeudamiento de las familias y empresas muestran también que la rebaja de la deuda nunca se ha producido en Galicia de un año para otro, pero sí ha ocurrido en siete ocasiones de un trimestre para otro desde 1987. Tres de ellas han sucedido en los últimos dos años y las otras cuatro entre 1991 y 1993. En ninguna de ellas enlazó dos trimestres seguidos a la baja, algo que ocurrió en la provincia de Pontevedra en el primer y segundo trimestre de este ejercicio. En el tercero ha vuelto a subir el endeudamiento.
Tasa interanual
Como ha ocurrido a nivel gallego, en Pontevedra la deuda nunca ha disminuido en tasa interanual aunque sí lo ha hecho de un trimestre para otro. Este recorte del endeudamiento del sector privado pontevedrés se ha producido en ocho ocasiones en los últimos 33 años. De ellas, cuatro han sido también en los últimos dos años y los otros cuatro entre 1991 y 1992.
En todas las comunidades salvó en dos, País Vasco y Aragón, el importe de los créditos también bajó en tasa interanual. Las más endeudadas son Madrid, con 440.578 millones; Cataluña, con 341.245, Andalucía, con 225.659; Valencia, con 177.790; País Vasco, con 82.877, y Galicia, con 69.283.
Los datos de las obligaciones crediticias de las familias y empresas gallegas y españolas demuestran que las entidades financieras siguen sin abrir el grifo del crédito, pese a las ayudas de liquidez que han recibido en los últimos tiempos y las reiteradas peticiones desde todos los sectores. También ha habido una menor demanda de créditos por la caída del consumo y de la actividad económica
Según los informes que maneja el Banco de España las entidades financieras nacionales y también las europeas siguen siendo igual de exigentes cuando deben dar créditos, y cuando solicitan las garantías para que se cumplan los requisitos del préstamo.
EL CONSEJO DE MUNISTROS APRUEBA LA NUEVA LEY CONCURSAL CENTRADA EN LA GRAN EMPRESA Y LA BANCA
El Gobierno ha aprobado hoy la nueva Ley Concursal que, entre otras medidas, permitirá a la banca imponer al resto de los acreedores de una empresa un acuerdo de refinanciación de deuda, con el objetivo de asegurar la continuidad de la sociedad.
El texto, como ya informó EXPANSIÓN, está pensado para favorecer a grandes empresas y bancos y no tiene en cuenta a las pymes y a los particulares.
Uno de los aspectos de la norma que sí cumple en lagunas de la Lay vigente es que permitirá que la banca pueda imponer al resto de los acreedores un acuerdo de refinanciación si lo respalda el 75% de los acreedores financieros, como adelantó este periódico el 2 de diciembre.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha manifestado tras el Consejo de Ministros que “esta ley es un compromiso que este Gobierno estableció en las Cámaras para lograr una reforma concursal concreta”. Caamaño reconoció que, "hasta ahora, el concurso era entendido como una situación terminal, como un momento en el que estábamos ante el fracaso de los proyectos empresariales", pero aseguró que la nueva reforma de la Ley Concursal "abre la oportunidad de que pueda mantenerse en el tiempo un proyecto negociando con acreedores u obteniendo refinanciaciones"
El titular de Justicia ha afirmado que “entre otras cosas esta ley también se regula por primera vez los concursos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial”.
La Ley Concursal, que entró en vigor en 2004 y fue reformada en marzo de 2009, también amplía las garantías de cobro a las entidades financieras que aporten nuevos créditos a las empresas en dificultades durante un proceso de refinanciación de deudas.
El 50% de las nuevas aportaciones, el llamado "fresh money" o "dinero fresco", se considerarán créditos contra la masa, que son los primeros en ser abonados en un plan de pagos o en un proceso de liquidación.
La nueva norma, aprobada hoy, también trata de introducir mejoras en el procedimiento (como la obligatoriedad del uso de medios telemáticos) y en los profesionales que se encargan de gestionar estos procesos: los administradores concursales.
Los jueces mercantiles podrán nombrar a un solo administrador concursal para cualquier tipo de procedimiento, en vez de los tres actuales, siempre que ese administrador concursal único sea una sociedad.
Hasta ahora, en los procedimientos ordinarios (aquellos en los que la empresa adeudaba más de 10 millones) se nombraban tres personas físicas y en los abreviados, una.
La posibilidad de crear sociedades de administración concursal es una de las novedades del texto que, según explicó el Ministerio de Justicia, también pretende favorecer la viabilidad de las empresas en dificultades en un momento de crisis económica.
Además, el anteproyecto amplía las competencias y la responsabilidad de los administradores concursales e introduce modificaciones para facilitar la refinanciación de las sociedades con problemas.
Por ejemplo, antes de la liquidación o de la aprobación del convenio de acreedores, el administrador concursal podrá vender activos de una empresa sin la autorización previa del juez si con ello facilita la viabilidad de la sociedad. El administrador únicamente deberá comunicar su decisión al juez que, no obstante, mantiene la capacidad de verificar la medida y estudiar eventuales reclamaciones.
Otra novedad es que la figura del auxiliar delegado, que apoya al administrador concursal, será obligatoria en los concursos de especial complejidad.
En la misma línea, las aportaciones de los socios de las empresas en dificultades que respalden su viabilidad no se considerarán subordinados, calificación que dificulta su eventual recuperación.
En el capítulo laboral, se pretende establecer que en el caso de que exista un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) abierto en una empresa cuando se declare el concurso no se volverá atrás en lo ejecutado.
El texto, como ya informó EXPANSIÓN, está pensado para favorecer a grandes empresas y bancos y no tiene en cuenta a las pymes y a los particulares.
Uno de los aspectos de la norma que sí cumple en lagunas de la Lay vigente es que permitirá que la banca pueda imponer al resto de los acreedores un acuerdo de refinanciación si lo respalda el 75% de los acreedores financieros, como adelantó este periódico el 2 de diciembre.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha manifestado tras el Consejo de Ministros que “esta ley es un compromiso que este Gobierno estableció en las Cámaras para lograr una reforma concursal concreta”. Caamaño reconoció que, "hasta ahora, el concurso era entendido como una situación terminal, como un momento en el que estábamos ante el fracaso de los proyectos empresariales", pero aseguró que la nueva reforma de la Ley Concursal "abre la oportunidad de que pueda mantenerse en el tiempo un proyecto negociando con acreedores u obteniendo refinanciaciones"
El titular de Justicia ha afirmado que “entre otras cosas esta ley también se regula por primera vez los concursos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial”.
La Ley Concursal, que entró en vigor en 2004 y fue reformada en marzo de 2009, también amplía las garantías de cobro a las entidades financieras que aporten nuevos créditos a las empresas en dificultades durante un proceso de refinanciación de deudas.
El 50% de las nuevas aportaciones, el llamado "fresh money" o "dinero fresco", se considerarán créditos contra la masa, que son los primeros en ser abonados en un plan de pagos o en un proceso de liquidación.
La nueva norma, aprobada hoy, también trata de introducir mejoras en el procedimiento (como la obligatoriedad del uso de medios telemáticos) y en los profesionales que se encargan de gestionar estos procesos: los administradores concursales.
Los jueces mercantiles podrán nombrar a un solo administrador concursal para cualquier tipo de procedimiento, en vez de los tres actuales, siempre que ese administrador concursal único sea una sociedad.
Hasta ahora, en los procedimientos ordinarios (aquellos en los que la empresa adeudaba más de 10 millones) se nombraban tres personas físicas y en los abreviados, una.
La posibilidad de crear sociedades de administración concursal es una de las novedades del texto que, según explicó el Ministerio de Justicia, también pretende favorecer la viabilidad de las empresas en dificultades en un momento de crisis económica.
Además, el anteproyecto amplía las competencias y la responsabilidad de los administradores concursales e introduce modificaciones para facilitar la refinanciación de las sociedades con problemas.
Por ejemplo, antes de la liquidación o de la aprobación del convenio de acreedores, el administrador concursal podrá vender activos de una empresa sin la autorización previa del juez si con ello facilita la viabilidad de la sociedad. El administrador únicamente deberá comunicar su decisión al juez que, no obstante, mantiene la capacidad de verificar la medida y estudiar eventuales reclamaciones.
Otra novedad es que la figura del auxiliar delegado, que apoya al administrador concursal, será obligatoria en los concursos de especial complejidad.
En la misma línea, las aportaciones de los socios de las empresas en dificultades que respalden su viabilidad no se considerarán subordinados, calificación que dificulta su eventual recuperación.
En el capítulo laboral, se pretende establecer que en el caso de que exista un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) abierto en una empresa cuando se declare el concurso no se volverá atrás en lo ejecutado.
El Consejo de Ministro ha aprobado en la sesión de hoy el Informe del Anteproyecto de Ley que reforma la Ley Concursal 22/2003. A continuación se destacan los cambios más importantes según un primer análisis de urgencia realizado desde el REFor-CGCEE.
La modernización de la justicia española, su eficacia final, adquiere una importancia relevante cuando de asuntos económicos hablamos, la aprobación del Proyecto de Reforma de Ley Concursal, de este viernes 17 de diciembre, propone una oportunidad insoslayable para acometer uno de esos escenarios necesarios. El Consejo General de Colegios de Economistas CGCEE, y sus órganos especializados en esta materia se incorporan con especial intensidad al debate que ahora se abre y a la oportunidad de incidir en la mejora de tal propuesta. En particular creemos que el proyecto necesita de las correspondientes enmiendas, en la fase parlamentaria pertinente, para que el mismo, realmente se acomode a una realidad de crisis económica tan significativa como la que nos ocupa y que tiene repercusiones directas sobre esta norma, que pretende paliar los problemas de las empresas en crisis. Una primera lectura del texto unida a reflexiones más reposadas de los antecedentes del mismo, nos permite abogar por una profundización en al menos nueve escenarios que sin ánimo exhaustivo se enuncian en los siguientes términos:
- Primero. Incorporar a la tutela judicial y con la intervención de los administradores del Área Económica las reestructuraciones financieras y los convenios anticipados.
- Segundo. Modificación de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público y demás legislación estatal autonómica o local a fin de que la declaración de concurso no impida a las empresas contratistas con el Sector Público la continuación de su actividad, evitando que tal situación sea causa de prohibición para la contratación con el mismo.
- Tercero. El informe de la Administración Concursal se referirá –masa activa y pasiva- a la fecha de declaración del concurso.
- Cuarto. Identificación explícita de los Estados definitivos de las masas activa y pasiva del concurso, inventarios, relación actualizada de créditos contra la masa e informe reducido del estado patrimonial.
- Quinto. En los casos de reestructuraciones financieras o solicitud de convenio anticipado, el nombramiento de expertos independientes lo realizará el juzgado competente, que serán dos miembros del Área Económica los cuales, ocuparán la función de administradores concursales en su caso, también por esta Área Económica.
- Sexto. Se admitirán a trámite convenios de acreedores con plazos de pago superiores a 5 años y quitas mayores al 50% de acuerdo con los imperativos circunstanciales que procedan.
- Séptimo. El convenio podrá incluir daciones en pago a un acreedor o grupo de acreedores de centros de trabajo, bienes o ramas de actividad, con traspaso total o parcial de los bienes correspondientes y de los trabajadores afectos a la misma.
- Octavo. Se establecerá un mínimo de retribución por concurso para cada una de las fases, común, convenio y liquidación. El estado garantizará la percepción de los derechos mínimos de la administración concursal por fase y concurso.
- Noveno. La administración concursal no precisará la comparecencia en forma (letrado y procurador) en los recursos e incidentes concursales
Incluimos reseñas de prensa con las declaraciones de Leopoldo Pons, Presidente del REFor-CGCEE.
LOS GESTORES DE ALFAGEME DENUNCIAN DESVIOS DE FONDOS
El concurso de acreedores de la conservera Bernardo Alfageme sigue dando sorpresas. La última, que los administradores concursales designados por el juez, y actuales gestores, hallaron pruebas de que la empresa desvió en 2008 11,8 millones de euros a Promalar, la sociedad inmobiliaria propietaria de la conservera, cuando "la situación era ya alarmante, pues en el ejercicio anterior arrojaba pérdidas y una situación envilecida". La denuncia, que exige a Promalar que devuelva el dinero, ha sido admitida a trámite por el juzgado mercantil número 3 de Pontevedra. En su análisis, los administradores recuerdan que el dinero "se sustrajo de la masa activa", por lo que los actuales acreedores resultan perjudicados. "Como consecuencia de las transferencias efectuadas a Promalar la situación deviene insostenible, gravando de forma exponencial e inapropiada la mayor parte, sino todos sus activos", sostienen los administradores concursales.
Para la CIG, constituye una prueba de un supuesto delito de financiación irregular que además se habría aprovechado de ayudas y avales públicos concedidos por la Xunta durante la etapa del bipartito. Al margen de esta denuncia, el sindicato también advirtió que los ex trabajadores no aceptarán ninguna propuesta de convenio que formule la familia Lago, propietaria de la conservera, que fue apartada de la gestión por el juez.
DENUNCIAN A PROMALAR POR DESVIAR LAS AYUDAS PÚBLICAS DE ALFAGEME
Calculan que se han desviado unos 12 millones de euros. La administración concursal de Alfageme ha presentado una demanda contra la inmobiliaria Promalar, también propiedad de la familia Lago, por financiación irregular al desviar a las cuentas de la inmobiliaria las ayudas y avales concedidos a la conservera. Presenada el 9 de noviembre y admitida ya a trámite, la denuncia exige el reingreso del dinero para hacer frente a las indemnizaciones pendientes de los trabajadores.
El informe concursal desvela la nefasta gestión de la compañía y pone en duda que los pasos dados por la propiedad fueran encaminados a mantener el proyecto industrial. Ahora se abrirá un periodo de alegaciones y después se planteará la posibilidad de liquidar la compañía o firmar un convenio, algo a lo que los trabajadores se niegan porque sólo supondría reducir la deuda sin un proyecto económico e industrial que garantice la continuidad.
El comercio entre Galicia y Portugal se desploma un 23 por ciento por la crisis
El volumen de negocio con el país vecino se redujo el pasado año a 3.550 millones
PAULA PÉREZ - SANTIAGO La crisis económica también ha debilitado las relaciones comerciales entre Galicia y Portugal. Aunque las exportaciones e importaciones de la comunidad autónoma han sufrido una caída generalizada del 10 por ciento el pasado año, el comercio con el país luso se desplomó el doble: un 23 por ciento. Las empresas gallegas compraron un 28,6 por ciento menos a sus vecinos portugueses y sus ventas cayeron un 18 por ciento.
El volumen de negocio que se movió el pasado año entre Galicia y Portugal asciende a 3.550 millones de euros frente a los 4.611 contabilizados en 2008. Estos son algunos de los datos que se extraen del Anuario Estadístico Galicia-Norte de Portugal presentado ayer por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien destacó que este documento permitirá diseñar "estrategias comunes" en la política transfronteriza en materia de intercambios comerciales y de infraestructuras.
Actualmente en la balanza comercial con el país vecino siguen teniendo más peso las exportaciones –2.039 millones– que las importaciones –1.511–.
Aunque con la crisis se resintieron todas las relaciones comerciales de Galicia con el exterior, las empresas gallegas aumentaron en 2009 sus exportaciones con Austria, Chipre, Grecia, Malta y República Checa.
Según la radiografía económica que muestra el anuario de la eurorregión, antes del inicio de la crisis, en 2008, el PIB per cápita de Galicia –21.300 euros– casi doblaba al del Norte de Portugal –12.600 euros–. En lo que estaban empatadas ambas zonas era en la tasa de paro, situada en el 8,7 por ciento.
Sin embargo, un año después, la tasa de desempleo subía al 11 por ciento en el norte portugués y al 12,6 en Galicia. En 2009, la cifra de parados en cifras absolutas en la eurorregión ascendía a 382.000 personas, el ocho por ciento de todos los desempleados de la península ibérica.
La estructura demográfica de la eurorregión también es dispar, puesto que el país vecino cuenta con una población más joven que Galicia. En 2008 la tasa de natalidad era de 9,2 nacimientos por cada mil habitantes en el área septentrional de Portugal, mientras que en la comunidad gallega se situaba en 8,5.
De la misma manera el porcentaje de mayores de 65 años es del 21,8 por ciento en Galicia, casi siete puntos más que la región vecina.
Pero la mayor brecha que se abre en la eurorregión es la referente a los servicios médicos. El déficit sanitario del Norte de Portugal es patente y explica situaciones como las vividas este año cuando habitantes de la ciudad fronteriza de Valença acudían en masa al ambulatorio de Tui para ser atendidos.
A pesar de que la región norte del país luso tiene un millón más de habitantes que la comunidad gallega, Galicia tiene casi cinco veces más centros de salud que su vecina: 485 ambulatorios frente a los 108 del norte de Portugal. También son más las consultas que se atienden en la comunidad autónoma (25,8 millones al año frente a 11,4). La marcha de facultativos gallegos al norte de Portugal se explica también por el déficit de médicos del país vecino. Si en el norte hay 3,4 doctores por cada mil habitantes, en Galicia son 4,4.
Galicia, segunda CCAA con más concursos de acreedores
De enero a noviembre fueron presentados un total de 53 nuevos procesos, un incremento del 22,75%
EFE Galicia fue la segunda comunidad autónoma, tras Valencia, en la que más aumentó el número de concursos de acreedores hasta el mes de noviembre, según los datos del informe de evolución mensual publicado hoy por Informa D&B.
En concreto en la Comunidad gallega de enero a noviembre fueron presentados un total de 53 nuevos procesos, lo que supone un incremento del 22,75%.
El número de concursos de acreedores registrados en el conjunto de España entre enero y noviembre creció el 5,84% respecto al año anterior y alcanzo los 4.949 casos.
A lo largo del mes de noviembre se registraron 608 concursos, el 2,56% menos que en octubre pero un 31,32% más que en noviembre de 2009, cuando esta cifra alcanzó 463.
Todos los sectores estudiados, con excepción de agua y energía, aumentaron las cifras de concursos.
Instituciones financieras y servicios a empresas e inmobiliarias vieron como el número de concursos creció el 38,14%, hasta 134, respecto al año anterior, con lo que en términos absolutos este sector pasó de 972 a 1.130 procesos, el 16,26%.
A continuación figura el sector de la construcción, con 1.127, y el de Comercio con 1.030 expedientes.
Por el contrario, el segmento de otras industrias manufactureras se redujo en 106 expedientes en lo que va de año, al pasar de 568 a 462, lo que supone un descenso del 18,66%.
Por comunidades autónomas, entre enero y noviembre el mayor aumento en términos absolutos se produjo en Valencia, con 68 nuevos concursos -el 10,16% más- y Galicia, con 53 nuevos procesos -una subida del 22,75%-.
No obstante, Cataluña se mantiene con el mayor número de concursos -1.188-, el 23,90% del total, seguida de Valencia, con 737 el 14,89%.
En términos absolutos, durante el mes de noviembre Cataluña registró 30 nuevos concursos, Valencia, 26, y Andalucía, 24.
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